El Plan contempló la ampliación de gasoductos y plantas compresoras, la terminación de obras estratégicas como Yacyretá y Atucha II, la construcción de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, líneas de transporte eléctrico, obras de transformación y de distribución eléctrica, el impulso a la actividad nuclear, el fomento de las energías renovables y de los biocombustibles, así como también la exploración y el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos convencionales y no convencionales. La ejecución de las obras no solamente permitió aumentar la oferta de gas, energía eléctrica y combustibles en las regiones que formaban parte en ese momento del sistema energético nacional, sino que también posibilitó vincular al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a diez provincias y regiones que hasta el año 2003 se encontraban aisladas: Chubut, Santa Cruz, San Juan, La Rioja, Formosa, el Interior de Chaco, el Norte de Santiago del Estero, Jujuy, Salta y el sur de Mendoza.

El cambio paradigmático fue que, a diferencia de otras épocas donde se privilegiaban las exportaciones de energía, el eje estuvo puesto en ampliar la cobertura nacional de los servicios y ampliar el suministro a la industria argentina. Los números no dejan lugar a dudas: a través del Plan Energético se amplió en 27 millones de metros cúbicos por día la capacidad de transporte de los gasoductos, se incorporaron 12.250 MW y se construyeron más de 5.800 kilómetros de líneas de alta tensión que permitieron anillar el sistema energético nacional. El cambio de fuerzas en la matriz energética fue transformador. El Estado pasó de tener una presencia del 21 al 41%, el capital privado nacional del 8 al 28% mientras que el capital extranjero se retrajo del 66 al 26%. En estos 10 años la demanda energética en la Argentina prácticamente se duplicó, al igual que el producto bruto interno.

Entre los años 2003 y 2006, luego de un trabajo de planificación de tres años, la Argentina rediseñó su actividad nuclear mediante el denominado Plan de Reactivación Nuclear, el cual fue anunciado el 23 de agosto de 2006. Los lineamientos establecidos por el entonces presidente Néstor Kirchner transformaron la actividad nuclear por primera vez en la historia en política de Estado: se involucró al sector científico, técnico, industrial, a la medicina, a los proveedores y se impulsó la complementación con empresas y países de la región y del resto del mundo. Emblema del Plan Nuclear: la terminación y la llegada al 100% de su potencia de la Central Nuclear Atucha II "Presidente Néstor Kirchner", de 745 MW, la cual estaba abandonada desde hacía una década; la medicina nuclear y su aplicación en oncología, cardiología y neurología; la producción de radioisótopos a escala internacional, la exportación de reactores de investigación y de placas y planta para la obtención de radioisótopos.

Asimismo, ante el exponencial y rápido crecimiento de la demanda energética generado en el modelo de desarrollo con inclusión, se construyeron centrales hidroeléctricas (se terminó Yacyretá) y se construyeron nuevas centrales térmicas a gas y combustibles líquidos que requieren menor plazo de obra, como las usinas San Martín y Belgrano, que incorporaron 1.660 MW, así como las centrales Ensenada y Vuelta de Obligado, entre otras. Por su parte, las líneas de alta tensión representan mucho más que los 5.800 kilómetros que se tendieron desde el año 2003 (61 % más que la red entonces existente): significan la oportunidad de un desarrollo industrial para regiones como la Patagonia, el NOA y el NEA, históricamente vedado por la falta de energía, profundizado por la geopolítica conservadora que pretendía dividir al país en regiones viables y no viables. Estas obras no sólo abrieron la posibilidad al desarrollo y crecimiento en regiones históricamente relegadas y postergadas sino que también permitieron aprovechar el desarrollo de recursos energéticos, como los parques solares en San Juan o la energía eólica e hidroeléctrica en la Patagonia, que antes era imposible desarrollar por la falta de conexión e infraestructura.

Todas las obras mencionadas se tradujeron en la incorporación de nuevos usuarios a lo largo y a lo ancho del país a servicios a los que anteriormente no tenían acceso: desde el año 2003, se sumaron casi 4.600.000 hogares y 320.000 nuevos medidores industriales y comerciales a la red eléctrica, mientras que se conectaron a las redes de gas a más de 2.300.000 de hogares y a 120.000 nuevos medidores industriales y comerciales. Finalmente, debemos destacar la creación de ENARSA y la recuperación de YPF. Hoy ENARSA cuenta con más de 2.800 MW de potencia instalados y además es el vehículo para la integración regional con los hermanos países de Bolivia y Venezuela que le permitieron a la Argentina un ahorro acumulado de combustible equivalente a 14.000 millones de dólares.

La histórica decisión de la Presidenta de la Nación de recuperar el control de YPF marcará el paradigma de las políticas energéticas durante los próximos años. Esta decisión no fue arbitraria y tuvo lugar luego de un largo proceso de evaluación que culminó demostrando que el objetivo del accionista de YPF era financiero monetizando reservas sin plan de reposición de las mismas como forma de presionar para la redolarización de la energía. Nunca antes en la historia argentina se hicieron tantas obras en el sistema energético como en estos once años desde 2004.