La demonización de los subsidios resulta un tópico recurrente en ciertos exponentes de la teoría económica ortodoxa. De acuerdo con esa visión, esas transferencias estatales "distorsionan" el normal funcionamiento de los mercados. Por el contrario, el gobierno nacional rescata esa herramienta como vector de competitividad empresaria y recuperación de los ingresos populares.

En su artículo "El origen de la crisis eléctrica: Energía muy cara, tarifas muy bajas" (La Política On Line), el economista Cristian Folgar sostiene que "durante los años siguientes a la salida de la convertibilidad y hasta podría decirse que durante buena parte de la presidencia de Néstor Kirchner, los subsidios energéticos sirvieron para incrementar la demanda agregada efectiva sin mayores consecuencias sobre la macroeconomía…. durante la primer presidencia de Cristina Kirchner se hizo evidente que ello no podría continuar. La generalización de subsidios terminó por afectar las cuentas públicas y la situación macroeconómica perdió su solidez inicial". Folgar entiende que el mantenimiento del esquema de subsidios terminó generando un déficit fiscal financiado con emisión monetaria. "Esa mayor oferta de pesos (no convalidada por la demanda) hace que nuestra moneda pierda valor. El Estado nos da plata por un lado (subsidios) pero no las quita por el otro (inflación). En definitiva nos quita más de lo que nos da", concluye Folgar.

Detrás de la sencillez de ese planteo se esconden algunas inconsistencias. En primer lugar, la causalidad expuesta (déficit fiscal es igual a inflación) está lejos de tener una corroboración empírica. El economista Fabián Amico explica en su trabajo "Finanzas funcionales, bancos centrales e inflación en Argentina" que "la relación empírica entre déficit fiscal e inflación dista mucho de estar sólidamente establecida. Por ejemplo, en el caso argentino, entre 1961 y 2004 se registraron 35 años con déficit fiscal primario y solo 9 años con superávit primario (6 en la convertibilidad y 3 después del 2002). La correlación entre déficit fiscal e inflación, sin embargo, es prácticamente inexistente". En ese sentido, la inflación actual argentina reconoce causas muy diferentes (por ejemplo: puja distributiva) a la emisión monetaria. En segundo lugar, Folgar advierte que la "inflación le quita poder de compra al mercado interno, encarece nuestras exportaciones, y ante la falta de demanda las empresas no invierten. La inflación en estos niveles reduce la demanda agregada efectiva". En ese marco, la propuesta de eliminar los subsidios no haría más que incrementar las tarifas y el índice inflacionario. Así, la propuesta (quita de subsidios) es incongruente con el objetivo perseguido (contención inflacionaria).

Lo único cierto es que una quita indiscriminada de subsidios reduce el ingreso disponible de las familias e incrementa el costo empresario. Lo más probable es que dicha medida traiga aparejada caída del consumo, de la actividad económica y del empleo. Esa alternativa no integra el menú de opciones del gobierno nacional. En ese sentido, el ministro de Planificación Julio de Vido declaró que "no esperen un tarifazo ni una quita indiscriminada de subsidios, porque no es nuestra política". Eso no implica que no pueda (y deba) revisarse el esquema de subsidios de manera progresiva. El objetivo de suprimir las transferencias estatales innecesarias estuvo detrás de las disposiciones que eliminaron subvenciones tarifarias a determinadas actividades (bancos, aeropuertos, financieras, compañías de seguro, casinos, telefonía móvil, actividades extractivas, refinamiento de combustibles, procesamiento de gas natural, biocombustibles y aceites de exportación, agroquímicos) y a los usuarios que residían en zonas de alto poder adquisitivo. Esas medidas se complementaron con la habilitación de un registro de renuncia voluntaria a los subsidios, la suspensión de los beneficios fiscales otorgados a las petroleras y refinerías -en el marco de los programas Petróleo Plus y Refino Plus-, el recorte de subsidios a la generación eléctrica a las provincias que había incrementado sus tarifas (Córdoba, Santa Fe, San Luis; Buenos Aires), y el congelamiento del fondo destinado a subsidiar el transporte de pasajeros.