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Tarifazo de electricidad: 11 puntos del OETEC para el PJ Bonaerense

Autor | OETEC-ID


Palabras Claves
PJ, Fernando Espinoza, PJ Bonaerense, OETEC, tarifazo eléctrico, tarifazo de la luz, servicios públicos, Ministerio de Energía, Andrés Chambouleyron, Juan José Aranguren, conflictos de interés, Decreto 134, Ley de Ética Pública, Ley 25.188, Edenor, Edesur, CAMMESA, ADEERA, ENRE, derecho humano, energías renovables, energía eólica, energía solar, federalismo



15-11-2016 | El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), conjuntamente con intendentes, legisladores y técnicos del PJ Bonaerense, participó de la reunión convocada por su Presidente, Fernando Espinoza, el pasado martes 8 de noviembre. Se abordaron allí los temas que más preocupan a los ciudadanos de la provincia -y por supuesto, del país-: el endeudamiento salvaje y el tarifazo eléctrico. El OETEC, representado por su director, Federico Bernal, aportó una serie de puntos para ser tenidos en cuenta en la elaboración del documento oficial del PJ que recogerá la posición del peronismo bonaerense en lo que respecta al brutal atentado a la calidad de vida de la población implícito en los nuevos cuadros tarifarios del servicio público de la luz. Los exponemos resumidos.


1) Cámara de empresas en el Ministerio de Energía
Por respeto a los hombres y las mujeres que tuvimos de ministros desde el retorno de la democracia popular en 2003; por respeto a los ministerios que funcionaron durante los últimos doce años en la República Argentina, así como por respeto a los próximos ministros y ministras al frente de la reconstrucción nacional a partir de 2019, calificar de "ministerio" a una Cámara de empresas energéticas y petroleras que carteliza y actúa con abuso de posición dominante no sólo se trata de un error político sino que además aceptaría la violación de nuestra Constitución Nacional, la violación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y la violación de la seguridad jurídica del pueblo argentino implícitas en esta inédita aberración institucional que significa el ascenso de Cámaras empresarias, patronales y sendas corporaciones al nivel de ministerios.

En el Ministerio de Energía y Minería de la Nación no se desempeñan funcionarios que diseñan e implementan políticas públicas en pos del bien común, la defensa y profundización de los derechos y garantías de la ciudadanía conforme establece nuestra Carta Magna. Por el contrario, se desempeñan ex directivos de empresas privadas que responden a intereses ajenos a los de la población.

Los ministerios no se crearon para ser ocupados por empresas; para eso están las Cámaras. No existe, por tanto, un Ministerio de Energía y Minería sino una cámara de empresas con poder ministerial. Esta es la razón de fondo del tarifazo, que vale recordar, ni le falta previsibilidad ni gradualidad ni es inoportuno, sino que es ilegal, ilegítimo, injusto, anticonstitucional y antipopular.

2) Conflictos de interés
En razón de lo expuesto en el punto anterior, se debe recordar y denunciar una y otra vez, la flagrante violación a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, artículo 15, inciso b por parte de los funcionarios que se desempeñan en el "Ministerio" de Energía.

En este sentido, no podemos olvidar que el señor Juan José Aranguren actuó desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha en clara violación de la referida normativa dados sus ostensibles conflictos de interés, reconocidos por él mismo al excusarse de "… intervenir durante su gestión en todas las actuaciones que estén particularmente relacionadas con la empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO SOCIEDAD ANÓNIMA y/o con las empresas vinculadas a ésta, en las que pudiera corresponder su intervención en ejercicio de las competencias propias de dicho Ministerio" (Resolución 158). Sucede que Shell actúa en absolutamente todos los segmentos o niveles del sector energético nacional. Y es por tal motivo que los actos administrativos firmados por Aranguren desde su mismísima asunción son nulos de toda nulidad. Está posición debe ser sostenida en el Congreso Nacional así como por todos nuestros dirigentes.



El Grupo Shell actúa en los siguientes niveles del sector energético nacional: 1) producción de energía primaria (petróleo y gas natural); 2) oferta interna de energía primaria (importación de gas) para consumo final; 3) producción de energía secundaria (gas por red, gas licuado y combustibles líquidos derivados del petróleo); y 4) oferta interna de energía secundaria (importación de gas por red, comercialización de gas licuado y combustibles líquidos derivados del petróleo) para consumo final. Como puede apreciarse, la empresa Shell de la que Aranguren fue CEO durante una década (renunció el 30 de julio de 2015), participa en todos los niveles del mercado ampliado de la energía.

Otro caso insoslayable es el del señor Andrés Chambouleyron, Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria. Quien tiene a su cargo diseñar, sugerir y coordinar la política tarifaria del ministerio fue al menos 10 veces testigo de parte de empresas de la distribución del gas y la electricidad en sus demandas ante el CIADI contra el Estado nacional entre 2002 y 2015. Nadie sabe si el referido funcionario se abstuvo de intervenir en temas, negociaciones, contratos, etc. vinculados directa o indirectamente con sus ex clientes.



El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, designó al economista Andrés Chambouleyron para presidir la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria. Su primera aparición pública data de la conferencia de prensa del viernes 29 de enero con motivo de anunciarse formalmente el tarifazo eléctrico. En la imagen, el 10 veces testigo experto de parte de empresas extranjeras que enjuiciaron al Estado nacional ante el CIADI y lesionaron o intentaron lesionar el patrimonio público de todos los argentinos, explicándole a la sociedad los "beneficios" de la nueva tarifa.

3) El Ente Nacional Regulador de la Electricidad
El ENRE debe velar por la seguridad jurídica de los usuarios y consumidores. Sin embargo, entre diciembre de 2015 y julio de 2016, tres de sus cinco directores presentaban conflictos de interés, violando la Ley 25.188 de Ética Pública. Entre julio y noviembre, dos directores presentaron conflictos de interés, llegándose al día de hoy en el que por resolución ministerial se creó un jurado -representado por hombres y mujeres vinculados a las empresas eléctricas y petroleras- que habrá de seleccionar y elevar a la Secretaría de Energía Eléctrica (presidida por un consultor privado y ex gerente de Edenor) los candidatos del directorio definitivo del ENRE.



Julia Irene Carruthers es una de las integrantes del jurado o Comité de Selección del ENRE. Desde julio de 2013 la Ingeniera actúa como directora suplente ante el Directorio de CAMMESA por la Asociación de Grandes Usuarios de Energía eléctrica de la República Argentina (AGUEERA). Pero las implicancias de AGUEERA, y por ende de Carruthers, con el sector energético no terminan allí. Es que entre los principales socios de AGUEERA figuran grandes y medianas compañías petroleras como PAE; Petrobras; Petroken; Petroquímica Comodoro Rivadavia; Petroquímica Río III; YPF y Shell Compañía de Petróleo S.A. Algún incrédulo podría inferir que en dicho listado no existen eléctricas. No obstante, bien sabido es que las centrales termoeléctricas necesitan para su funcionamiento de los combustibles fósiles como el fueloil, el gasoil y el gas natural. ¿Y quiénes refinan y comercializan tales combustibles? Justamente las compañías petroleras socias de AGUEERA.

De la misma manera que los ministerios no se crearon para ser ocupados por empresas, puesto que para eso están las Cámaras, los entes reguladores y contralores de empresas licenciatarias y/o concesionarias no pueden estar integrados por las mismas empresas (o sus socias) a regular y controlar. Los entes como el ENRE deben velar por la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores y, por tanto, sus directorios deben estar representados por asociaciones y entidades de defensa de los usuarios y consumidores, así como por técnicos universitarios carentes de conflictos de interés con las empresas del sector, sean públicas como privadas. Esta propuesta debe ser exigida en el Congreso Nacional así como exigida por todos nuestros dirigentes.

4) El Decreto 134 de Emergencia Energética Nacional
El Decreto 134 del 16 de diciembre declaró la "emergencia del Sector Eléctrico Nacional", basándose en una supuesta progresiva escasez del suministro, nulas o insuficientes inversiones e infraestructura. Pareciera ser que sin declarar la "emergencia eléctrica", en función del sistema heredado, los argentinos y argentinas nos íbamos a quedar sin electricidad. Como se advierte, se repite el mismo argumento que para el gas natural. ¿Nos íbamos a quedar sin electricidad? ¿Problemas en la generación, en la distribución, en el transporte, en alguno de ellos o en todos?



Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA, Reporte Anual 2015. Según CAMMESA, la longitud de líneas de distribución troncal a diciembre de 2015 es de 19.532 km. De ese total, 7.061 km fueron construidos entre 2003 y 2015. Es decir, un 36% del total de líneas troncales construidas en el país se realizaron en los últimos doce años. En relación a líneas de alta tensión, el porcentaje de lo construido en igual período sobre el total histórico fue del 35%. Del análisis histórico entre 1994 y 2015 se advierte que, en tiempos de desregulación, privatización y mercadismo, las tarifas y los precios de la energía, la planificación de obras de infraestructura y la incorporación de nuevas líneas se ubicaron muy por debajo de la época de regulación y participación estatal rectora y protagónica en materia de inversiones, precios y tarifas.

Reportes anuales de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) -organismo responsable de la operación técnica del sistema eléctrico argentino, presidida por el Ministerio de Energía- así como de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) -empresas privadas de la distribución entre las que figuran Edenor y Edesur- refutan categóricamente los argumentos del Decreto 134.

De los reportes de CAMMESA y ADEERA se desprenden los siguientes hechos: 1) "La demanda [de energía eléctrica] pudo ser abastecida" durante el último año (ídem para el período 2003-2015), en un diagnóstico coincidente con el fallo de la Corte Suprema del 18 de agosto en relación a la cuestión gasífera. Si la demanda fue abastecida, los segmentos de la generación, distribución y transporte estuvieron a la altura de las necesidades del consumo doméstico; 2) Se registró la mejor disponibilidad del parque térmico de los últimos años; 3) La generación ingresante -expandida en casi un 50% en relación a 2003- acompañó el incremento de la demanda (para una demanda 4,5% superior en 2015 en relación a la de 2014); 4) El segmento del Transporte se expandió de forma inédita e histórica, tanto en longitud como en su aspecto federal; 5) El gobierno anterior dejó planificado a 2022 un mínimo de 26% de incremento en la potencia instalada total de 2015; y 6) La matriz energética nacional registró un importante nivel de diversificación.

En los doce años anteriores a la asunción de Macri no faltó energía eléctrica ni hubo problemas de abastecimiento ni de suministro tales que justifiquen un estado de "emergencia del sistema eléctrico nacional", mucho menos uno que pretende retrotraer dicho sistema a uno desregulado, privatizado y desnacionalizado, como el fracasado modelo energético implementado entre 1992 y mayo de 2003.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA, Reporte Anual 2015. Como puede observarse, la generación fue en aumento entre 2003 y 2015, con importaciones de energía eléctrica un 0,1% inferiores a las registradas entre 1992 y 2002. Ahora bien, agregamos a dichos períodos lo siguiente. Entre 1992-2002: crecimiento del PBI 1,6%; crecimiento del PBI industrial 1,1%. Entre 2003-2015: crecimiento del PBI 4,6%; crecimiento del PBI industrial 6,2%. Finalmente, tenemos que el promedio de generación entre iguales períodos fue superior en un 60% favorable a los últimos doce años. Esta notable expansión permitió apuntalar el mayor consumo eléctrico per cápita desde 1983.

¿Qué sucedió en las zonas del Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, competencia de las distribuidoras Edenor y Edesur? De los informes anuales de CAMMESA y ADEERA ya citados, la demanda sumada para esta región creció un 5,3% entre 2014 y 2015, un 13,5% durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y un 23,3% para el período 2009-2015. ¿Acaso el oficialismo considera que con semejantes números no hubo un "crecimiento necesario de la oferta" (como se señala en el Decreto 134)?

5) Qué dicen las Memorias y Balances de Edenor y de Edesur
No solo CAMMESA y ADEERA, esto es, el Ministerio de Energía y las distribuidoras privadas, refutan los argumentos del Decreto 134 que viene a justificar los nuevos cuadros tarifarios de la electricidad. Las principales distribuidoras privadas del país, Edenor y Edesur, también tornan absurdo como innecesarios las medidas de ajuste de la tarifa.

En las Memorias y Balances de las referidas empresas para los años 2014 y 2015 se observa, en palabras de ellas mismas que durante los últimos años invirtieron de forma extraordinaria e inédita en su historia, que dichas inversiones se dirigieron a mantener y a mejorar la calidad del servicio -que reconocen haberlo logrado-. Que asimismo, estas inversiones se plasmaron en una cantidad enorme y documentada de obras de infraestructura, que fueron posibles gracias al FOCEDE en poder del Ministerio de Planificación Federal y a las inversiones estatales conducidas por dicha cartera.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Edenor ("Memoria y Balance 2015"). El tiempo total de interrupciones por clientes mejoró un 14% entre 2012 y 2015 y un 18% entre el año pasado y 2014. Por otra parte, la cantidad de cortes por clientes aumentó en relación a 2012 un 3%, porcentaje más que modesto dadas las olas de calor inéditas registradas en los últimos veranos. Cuando se analiza el mismo indicador entre 2014 y 2015, nuevamente se observa una mejora, en este caso del 5%. Por último y para el total de interrupciones sufrida por la red de Edenor, se aprecia una evolución más que positiva para los dos períodos analizados.

Que las inversiones, sus obras y la mejora o mantenimiento en la calidad del servicio se dieron en paralelo a un incremento de los costos operativos del orden del 18-20% (2015) y de un mayor número de empleados (Edenor, 8%), todo a pesar del retraso tarifario, según se quejan las distribuidoras. Y, por último, que las ingentes inversiones así como una mayor plantilla de trabajadores y costos operativos totales les permitió cerrar 2015 con resultados operativos netos por 1.342 millones de pesos para Edesur y 1.142 millones para Edenor.

En suma, de ninguna manera las distribuidoras pueden alegar que sin tarifazo el servicio se verá afectado y las inversiones se desplomarán, desde que sin un centavo de incremento en los últimos años pudieron invertir miles de millones de pesos a la vez que brindando un mejor servicio.

6) Subsidios eficientes y la Resolución 32
En su último informe, "Memoria y Balance 2015", Edenor reconoce haber cerrado el año pasado "con un resultado positivo importante" y con "la reversión de la insuficiencia patrimonial con que se había concluido el ejercicio anterior [en referencia a 2014]". ¿La causa de la mejora? "Una serie de medidas gubernamentales que intentaron ser un paliativo de la grave situación por la que atravesaba la empresa debido al congelamiento de tarifas", explica la compañía.

¿Las medidas gubernamentales? La Resolución 32 o una política de subsidios que sumada al FOCEDE lograron que Edenor invierta como nunca en su historia, exhiba resultados positivos y mejore la calidad del servicio en todos sus indicadores (todo en un contexto de incremento de la demanda y sin un centavo de más en las tarifas), tal y como confirma en dicho reporte.

Es importante recordar uno de los considerandos de la Resolución 32: "Que justo es tener en cuenta que el ESTADO NACIONAL ha venido aplicando distintos mecanismos para garantizar la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica y, a su vez, evitar incrementos en la tarifa de los usuarios finales, priorizando la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos". Aquí la "pesada herencia" eléctrica: empresas privadas cerrando balances con utilidad neta, trabajando codo a codo con un Estado presente y protagónico en el sector, controlando las inversiones y planificando las obras en función del interés ciudadano, a la vez que subsidiando eficientemente (invirtiendo directamente como condonando deuda sin que por ello se incremente en un centavo la tarifa del servicio público involucrado).



Fuente: Elaboración propia en base a reportes anuales CAMMESA 2015 y 2004. Evolución del desempeño operativo de las redes de transporte. CAMMESA explica que el sistema eléctrico nacional involucra nada más ni nada menos que a 253 generadores, 2.639 grandes usuarios, 28 distribuidores, 47 cooperativas y 126 transportistas. ¿Se justifica la Emergencia del Sistema Eléctrico Nacional?

7) El Federalismo como justificación del tarifazo
Las tarifas que pagan los usuarios de Edenor y Edesur son las más baratas del país. Ahora bien, justificar un incremento en nombre del federalismo constituye una aberración histórica.

Reemplacemos las tarifas de electricidad por el precio de un kilo de pan, y remontémonos a la época de los grandes caudillos federales del siglo XIX. ¿Acaso Facundo Quiroga hubiera reclamado, en nombre del federalismo, que los pueblos por él protegidos siguieran pagando más caro el pan y que los porteños y bonaerenses lo paguen igual de caro que ellos, para todos padecerla o perecer al unísono? O, por el contrario, hubiera luchado para bajar el precio del pan en sus tierras al mismo nivel que el precio pagado por bonaerenses y porteños. Facundo El federalismo -hay que recordarles a quienes hoy administran el país con los manuales de Rivadavia, Mitre, Martínez de Hoz y Cavallo-, el federalismo jamás igualó para abajo, esto es, de forma regresiva o reaccionaria. Invocar el federalismo para justificar el tarifazo es un absurdo que no resiste el menor análisis.

8) La defensa del federalismo energético 2003-2015
Habiéndose asegurado un adecuado suministro eléctrico a toda la población del país entre 2003 y 2015, la estrategia del macrismo para ganarse a los ciudadanos de las provincias a favor del tarifazo eléctrico fue la de una supuesta injusticia federal en términos de tarifas de electricidad. Sin embargo, las grandes diferencias tarifarias entre las provincias argentinas no se explican por un reparto desigual de los subsidios de origen nacional, sino al distinto costo del valor agregado de distribución (VAD), es decir, al costo de la distribuidora local determinado por cada jurisdicción provincial. Al respecto, el Estado Nacional destinó $ 90.000 millones para subsidiar el precio eléctrico mayorista y cada factura de luz de los 42 millones de argentinos por lo que fue decisión de las provincias y no del Estado Nacional que sus ciudadanos paguen más cara la boleta de luz que en la zona del Gran Buenos Aires.

No obstante, y frente a un supuesto "anti-federalismo K", la pregunta fundamental que debemos hacer es la siguiente: ¿Qué pasó con el consumo eléctrico en las provincias más allá de Buenos Aires? El consumo energético en las provincias aparentemente asfixiadas por el centralismo porteño en tiempos de Cristina Kirchner creció espectacularmente. Y es que, tal y como informa ADEERA en su último reporte, la demanda eléctrica nacional aumentó un 4,38%. Más datos de ADEERA (entre las socias figuran Edenor y Edesur): se observa y confirma que 22 de las 23 provincias constitutivas de la República Argentina (Tierra del Fuego no figura por estar desvinculada del SADI) mejoraron su desempeño en materia de consumo eléctrico entre 2014 y 2015. Y las regiones que más crecieron en su demanda fueron justamente las más necesitadas de desarrollo. En otras palabras, las históricamente más postergadas. Nos referimos a la Patagonia (Chubut y Santa Cruz) y al NEA (Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes). La evolución positiva de la demanda se registra también entre 2009 y 2015, como atestiguan los propios datos suministrados por ADEERA (evolución de la demanda de energía eléctrica por jurisdicción).



Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEERA, "Informe Anual Demanda 2015". Tierra del Fuego está excluida por no estar incorporada al SADI. Entre 2014 y 2015, las 23 jurisdicciones analizadas (a excepción de Tierra del Fuego) registraron un crecimiento de la demanda. El promedio fue del 5,2%. Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 22 jurisdicciones registraron un crecimiento de la demanda, con la sola excepción de la provincia del Neuquén. El promedio fue del 23,9% para el período 2011-2015. Durante el período 2009-2015, el promedio de crecimiento de la demanda fue del 37%.

Finalmente y según CAMMESA en su informe anual del año pasado (publicado en 2016), la longitud de líneas de distribución troncal a diciembre de 2015 fue de 19.532 km. De ese total, 7.061 km fueron construidos entre 2003 y 2015. Es decir, un 36% del total de líneas troncales construidas en el país se realizaron en los últimos doce años. En relación a líneas de alta tensión, el porcentaje de lo construido en igual período sobre el total histórico fue del 35%. Absolutamente todas las regiones fueron acreedoras de un incremento notable en las longitudes de sus líneas de electricidad, sobre todo la región patagónica, interconectada al SADI durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA, Reporte Anual 2015. Recordará el lector cuando en nombre del federalismo se intenta implementar el tarifazo eléctrico. No hay mayor indicador de federalismo eléctrico que la incidencia geográfica de la construcción de líneas de alta tensión y distribución troncal.

9) Tarifazo y tecnologías verdes
La incorporación masiva e injustificada de energías renovables intermitentes a la red eléctrica provocarán un sistema más vulnerable e irregular en su suministro. Las licitaciones del Plan RenovAr, asimismo, están diseñadas para que los proyectos se los lleven las firmas extranjeras, como quedó demostrado en la primera ronda de adjudicación. Por otro lado, la incorporación de renovables hará caer la capacidad de generación de la red para los períodos pico al 2020 y 2025. No hay hecho ningún estudio de CAMMESA respecto al desbalance del sistema. Igualmente, es falso que más porcentaje de energías "verdes" logran disminuir la emisión de CO2. En el mejor de los casos, si consiguen descarbonizar la matriz lo hacen a altísimos valores costo-efectividad. Tampoco hay ningún estudio de CAMMESA al respecto.

Pero los puntos claves sobre los que debemos insistir y explicar a la ciudadanía son: 1) Dado que las energías eólica y solar son intermitentes, otros recursos, tales como el gas natural, seguirán siendo necesarios para satisfacer los requerimientos de la demanda, justamente porque no todos los días serán lo suficientemente ventosos o despejados como para proveer de energía renovable de forma confiable durante los picos de la demanda que es cuando más energía se precisa. Por tal motivo, la Argentina no reducirá el consumo del gas a través de esta medida como dice del gobierno nacional; 2) Vinculado a lo anterior, de esta convergencia entre combustibles fósiles y energías eólica y solar se explica el respaldo que desde el Ministerio de Energía cooptado por la industria petrolera (sobre todo de Shell, líder mundial en comercialización de gas natural por LNG) se da a las iniciativas del fundamentalismo ambiental emanadas desde el Ministerio de Ambiente (en poder de Greenpeace) o a través de sus diputados en la legislatura nacional (Juan Carlos Villalonga, a la sazón ex Greenpeace); y 3) Buena parte del tarifazo se explica para hacer viables los proyectos en energías solar y eólica. El incremento de la tarifa compensa los subsidios multimillonarios que estas tecnologías precisan para funcionar y que ya están siendo erogados por el Estado nacional.

Sobre los tres puntos anteriores, el mundo, y sobre todo los países y regiones a la vanguardia de este tipo de iniciativas, resultan irrefutables testimonios del fracaso de la incorporación masiva de tecnologías eólica y solar.

Nuestra posición: la diversificación de la matriz con renovables intermitentes sólo se justifica si dichas tecnologías generan empleo calificado en la Argentina, promoviendo el desarrollo de sectores proveedores de partes, piezas y equipos terminados (en un futuro cercano mediante acuerdos de transferencia tecnológica), así como de las capacidades científicas y tecnológicas asociadas. En este sentido, el modelo a seguir es el clúster nuclear (industrial, científico y tecnológico) vinculado a la generación nucleoeléctrica con el que cuenta el país.

10) Un gobierno de ricos para los ricos: energía como un bien de lujo (para los ricos) y como variable de ajuste (para las clases populares)
Puesto en marcha el 10 de diciembre, el modelo económico de exclusión social, reprimarización económica e integración al comercio mundial en calidad de granero del mundo avanza sin pausa. ¿Cómo es que la Cámara de empresas energéticas con poder ministerial aporta su granito de arena al saqueo generalizado de las clases populares? El deliberado desplome del consumo a través de la conjunción entre tarifazo y una política económica pro-cíclica y desindustrializadora conduce a mayor excedente exportable (producción local progresivamente dirigida al mercado externo), en un contexto de precios domésticos alineados al internacional (GNL) que permitirá a las empresas pingues negocios pues reducirán sus inversiones en el mercado argentino (por una menor demanda, mayor caída del PBI y nula obligación de inversiones por parte del Estado) en paralelo a la conveniencia de compensar su producción declinante (o los picos de consumo, por ejemplo en invierno) con importaciones, desde que tendrán el mismo valor o incluso terminará siendo más redituable importar que producir localmente. La energía, en definitiva, como poderosísima herramienta de ajuste.

11) La energía es un derecho humano
La energía es un derecho humano y por tanto sólo la puede garantizar un ministerio que represente a la ciudadanía, esto es, un Estado genuinamente democrático y no representante de una oligarquía como lo es ahora. Nuestra seguridad nacional y viabilidad social, industrial y productiva depende de ello.

La energía y los servicios públicos que de ella devienen deben estar consagrados en calidad de "derecho humano" en una Nueva Constitución Nacional.