Imagen provista a OETEC por la entrevistada. En la foto se los ve a Gladys y sus tres nietos. Por gestiones del ENARGAS, esta mujer pensionada de 62 años pudo volver a contar con el servicio de gas por redes luego que la subdistribuidora de la zona, Gas de La Costa, se lo cortara por morosidad. Afortunadamente, luego del Decreto DNU 311/2020 del Poder Ejecutivo, los cortes por mora o falta de pago quedan suspendidos por 180 días a sectores vulnerables. Sería fundamental, no obstante, que esta importante medida pueda sostenerse por tiempo indefinido para tales casos.

"Nos complicaron los aumentos"
Gladys Briozzo es una pensionada de 62 años de edad que todavía tiene que seguir trabajando para poder sostener su hogar y su familia. Se desempeña como mucama del Hospital de Mar de Ajó en el turno noche y vive junto a su hija y sus tres nietos menores de edad (9 años, 4 años y 1 año y 8 meses).

"Mi sueldo de municipal no supera los 17.000 pesos. Pero las boletas de gas comenzaron a llegarme cercanas a los 3.000 pesos por mes", cuenta Gladys a OETEC. Y agrega: "Nunca tuvimos problema para pagar hasta que comenzaron los aumentos. Se nos complicó por cómo está todo".

Tras acumularse algunas facturas, la deuda llegó a los 7.770 pesos. "Se me había vencido la boleta del gas y fuimos acá a Gas de La Costa a avisar si podían esperar que pasen los últimos días del mes. La empleada que nos atendió nos dijo que no y al otro día nos cortaron el servicio", relata la mujer.

Efectivamente, un día miércoles la distribuidora de la zona dejó sin gas a Gladys, su hija y sus tres nietos. "No sabíamos qué hacer. No podíamos pagar la deuda porque no conseguíamos plata. Había que aguantar así", sostiene Gladys en diálogo con OETEC.


Imagen provista a OETEC por la entrevistada. Aviso de deuda. Total a abonar: 7.770 pesos.

Y añade: "Me dolió mucho cuando me cortaron el servicio porque tengo tres nietos chiquitos. Pero ¿qué iba a hacer? Con llorar y enojarme no ganaba nada. Decidí escribirle a un señor del sindicato para explicarle mi situación y él me dijo que no nos podían cortar el gas. A partir de ahí comenzamos las averiguaciones".

Enterado del caso, el ENARGAS se comunicó inmediatamente con la empresa a los efectos de restituirle sin la más mínima demora el servicio a Gladys. A las 20:50hs del sábado, ella, su hija y sus tres nietitos ya contaban con gas.

Cuando llegó de trabajar del Hospital, lo primero que preguntó Gladys fue si tenía gas. Le dijeron que sí. Se emocionó mucho cuando se le informó desde el ENARGAS que su problema ya estaba solucionado.

"El sábado a la noche Gas de La Costa vino a reconectarme el servicio gracias a las gestiones del Ente", explica a OETEC la mujer. Y concluye: "Cuando supe que el Gobierno no iba a cortar los servicios me pareció perfecto. No sólo por mi caso, sino por toda la gente que está igual o peor".

Alcances e implicancias del Decreto 311/2020
El 25 de marzo pasado, mediante el Decreto DNU 311/2020, el Gobierno Nacional dispuso que "Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios" vulnerables en el marco de la Emergencia Sanitaria y por un período de 180 días (Art.1).

Según detalla el Art. 3 del citado Decreto, entre los usuarios vulnerables residenciales alcanzados figuran: a) Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; b) Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; c) Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; d) Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles; e) Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; f) Usuarios que perciben seguro de desempleo; g) Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N°27.351; h) Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (26.844); e i) Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.


Decreto 311/2020 (25 de marzo de 2020).

Asimismo, en cuanto a usuarios no residenciales, quienes pueden beneficiarse de la medida son: a) las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación; b) las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación; c) las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación; y d) las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

Por otra parte, en el Art. 5 se establece que "En todos los casos, las empresas prestadoras de los servicios detallados (…) deberán otorgar a los usuarios, planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas aquí dispuestas, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores, o las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados, con la conformidad de la autoridad de aplicación".

Es importante resaltar, además, que el Decreto 311 del Gobierno Nacional entiende que los servicios públicos son "centrales para el desarrollo de la vida diaria, y aún más en el actual estado de aislamiento social, preventivo y obligatorio". Y considera, a su vez, que dichos servicios y su acceso "constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la educación o la alimentación) para nuestros ciudadanos y ciudadanas" que el Estado debe garantizar.

Conclusión
El caso de Gladys es uno más de los tantos que se registraron a lo largo y ancho del País. La cooptación por parte de las empresas energéticas del Ministerio de Energía -devenido luego en Secretaría- y los Entes Reguladores del Gas (ENARGAS) y la Electricidad (ENRE) en tiempos de Mauricio Macri dejó un tendal de nuevos pobres energéticos y miles de familias endeudadas por tarifas.

La mercantilización de los servicios públicos esenciales fue tal que millones de argentinos y argentinas comenzaron a vivir en un dilema inédito hasta el momento: comer o pagar las tarifas. Y en el caso de los adultos mayores: comer, pagar las tarifas o comprar los remedios.

¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo entender que en un determinado momento de nuestra historia tuvimos que debatirnos entre pagar los servicios públicos energéticos o vivir? ¿Hasta dónde puede llegar la impunidad de las empresas que lucran con la prestación de algo tan básico e indispensable como la energía?

Pues bien, hasta donde los Estados lo permitan. Precisamente, esto fue lo que sucedió con el Decreto 311/2020: un Gobierno que haciéndose eco de las demandas sociales más urgentes llega para poner orden e impartir equidad allí donde se necesita.

Y así como el Estado no la abandonó a Gladys, tampoco ella lo hizo con sus prójimos. A sus 62 años de edad, y siendo grupo de riesgo en el marco de la pandemia del COVID-19, allí está, dándolo todo por sus compatriotas en el Hospital Municipal de Mar de Ajó. ¡Infinitas gracias, querida Gladys!

Finalmente, desde OETEC consideramos crucial que la excelente medida dispuesta por el Gobierno Nacional se extienda más allá del lapso estipulado de los 180 días. Los servicios públicos esenciales son un derecho que debe poder garantizarse en todo momento, máxime cuando los sectores perjudicados son los más vulnerables.