Fuente: Ámbito Financiero (23 de julio de 2020).

Con 41 votos a favor y 25 en contra, la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación rechazó el DNU 1.053/2018 mediante el cual Cambiemos "compensó" económicamente a las distribuidoras a raíz del proceso devaluatorio que la propia administración macrista provocó y que derivó en un endeudamiento de éstas con las productoras de gas.

"La cronología de esta estafa se remonta a las "Bases y Condiciones" de Juan José Aranguren, quien sentó a las productoras y distribuidoras gasíferas en noviembre de 2017 para blindar las ganancias de las primeras estableciendo un precio del gas en el PIST dolarizado (inédito en la comercialización del recurso), uniforme para todas las cuencas (sabiendo de sus diferentes costos de extracción) y por dos años", explica la directora del OETEC, Belén Ennis.

Y agrega: "Aranguren y su equipo sabían que en diciembre de ese mismo año, la Ley de Emergencia 25.561 que venía rigiendo desde 2002 se vencía y con ella dejaban de correr las facultades extraordinarias otorgadas al Estado para fijar precios del gas. En otras palabras, en diciembre de 2017, el recurso volvería a regularse por las reglas del mercado (Ley 24.076)".

Ya con este "pacto" cerrado, sobrevino en 2018 la mega-devalución macrista. "Es ahí cuando entraron a jugar más de lleno las distribuidoras. Endeudadas millonariamente con las productoras por la devaluación, las distribuidoras (que cobraban en pesos las facturas pero que pagan en dólares la compra de gas) recibieron la ayuda del Estado", ahonda Ennis.

En este sentido, la especialista realiza un paréntesis recordando que "no sólo el ex Ministerio de Energía le dio la espalda a la Ley 24.076, también el ENARGAS de Mauricio Roitman fue cómplice, trasladando a tarifas sin ningún tipo de revisión el precio del gas dolarizado a las tarifas de los servicios públicos, cuando esto no es lo que dictamina dicha legislación".

Volviendo a la "ayuda" estatal a las compañías distribuidoras, Ennis apunta que "una vez desencadenado el proceso devaluatorio en octubre de 2018, el entonces Ministro de Energía, Javier Iguacel -Aranguren había dejado el cargo en junio de 2018- propuso que la deuda contraída por estas empresas sea pagada por la ciudadanía en las famosas 24 cuotas (Resolución 20/2018). Operatoria que fue avalada por el ENARGAS pero que no prosperó dado el repudio social y una lluvia de denuncias".

Fue entonces cuando se llegó finalmente al Art. 7 del DNU 1.053. A partir de ese momento, el Estado Nacional pasó a hacerse cargo de la deuda privada de las distribuidoras (indirectamente asumida por la ciudadanía) en 30 incómodas cuotas mensuales, consecutivas y con intereses. Con el agravante de que la primera cuota se pagó en tiempos de Macri (6 de diciembre) pero las restantes 29 se trasladaron a cuenta de un nuevo gobierno.

"Esta es la cronología de los hechos que debe quedar más que clara para comprender en toda su magnitud la estafa de la que fuimos víctimas todos los argentinos y las argentinas. La Cámara de Diputados tendrá la oportunidad y la responsabilidad histórica de profundizar esta decisión y terminar, de una vez por todas, con esta pesada carga que el macrismo cargó en las espaldas de la Nación", señala Ennis.

Y finalmente concluye, contundente: "El rechazo de este vergonzoso DNU en el Senado es un acto patriótico y de defensa nacional, que se suma y encuentra basamento en la igualmente patriótica denuncia del Interventor del ENARGAS, Federico Bernal. Eso sí, los 25 senadores y senadoras que votaron a favor de que el Estado (todos y todas) sigamos soportando esta deuda deberían dejar en claro para quienes legislan, si para el Pueblo argentino o para las empresas privadas".