Fuente:OETEC en base a EPPA (8 de abril de 2019). Entre 2015 y enero de 2019, el peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo vital y móvil saltó del 6,1% al 26%. En este punto cabe recordar que una familia que destina más del 10% de sus ingresos a pagar la energía se califica como "pobre" energética. Con Macri dichos gastos se multiplicaron casi por cuatro.

Servicios públicos energéticos y derechos
Como sostuvimos en innumerable cantidad de informes (ver bibliografía), acceder a los servicios públicos energéticos es fundamental para garantizar el desenvolvimiento económico y el bienestar social en cualquier Nación del mundo. En efecto, cuánto mayor es el consumo energético per cápita, más altos los índices de desarrollo productivo y humano.

De hecho, siguiendo lo señalado por la Corte Suprema en su famoso Fallo "Cepis" (2016), los servicios públicos esenciales (vitales, podríamos decir) son en sí mismos derechos sociales, esto es, derechos humanos que deben ser garantizados en su accesibilidad por el Estado.

Para ello, se requiere de dos cuestiones básicas. Por un lado, de la prestación adecuada de dichos servicios (sea de índole pública o privada) en términos de calidad y seguridad. Y por otro, tarifas (y ganancias) acordes a la justicia y la razón. En otras palabras: cuadros tarifarios "pagables" para los distintos tipos de usuarios al tiempo que ganancias "razonables" para las empresas.

Los precios de la energía, como los valores de las tarifas de los servicios públicos (gas y electricidad), son determinantes para la vida digna y para el normal funcionamieno del aparato productivo e industrial. En suma, el eje debería estar puesto en la implementación de un modelo energético y tarifario que permita a todos (no sólo a las prestatarias) poder ganar.

Mercantilización y dolarización de la energía
Pero esto no fue lo que Mauricio Macri dejó tras cuatro años de odiosos e ilegítimos tarifazos, violación de los marcos regulatorios y leyes, mercantilización (deshumanización) de los servicios públicos, dolarización de la energía, completa desrregulación del mercado y empobrecimiento energético extremo.

En tiempos de Cambiemos, los precios y las tarifas del sistema energético se desbocaron y la energía quedó transformada en un bien de lujo (mercancía) inaccesible para vastos sectores sociales, oficiando como una poderorísima herramienta de ajuste y atrofia del mercado interno.

Este proceso de mercantilización fue acompañado de otro; la dolarización energética. Por intermedio de ella, las empresas se blindaron de la inflación y la devaluación al tiempo que se aseguraron el mejor retorno para sus dueños y accionistas, buena parte de ellos extranjeros.


Fuente: ex Ministerio de Energía. Firma de los acuerdos BASES Y CONDICIONES entre distribuidoras y productoras, fines de noviembre de 2017. En la imagen, la foto del momento en el que se suscribieron los contratos entre empresas y la aprobación por parte de las mismas de precios del gas dolarizados.

Ejemplo de lo anterior, las "Bases y Condiciones" para la comercialización del precio del gas en PIST que el ex CEO-ministro Juan José Aranguren pactó con las empresas gasíferas, en dólares y por el lapso de dos años, para proteger sus ganancias. Todo, a espaldas de la Ley 24.076. Un accionar presuntamente delictivo que ahora investiga la Justicia (ver bibliografía).

Sin embargo, como hemos explicado desde OETEC, no todos los costos deberían estar fijados en moneda extranjera y muchos de ellos son factibles de pesificación (ver bibliografía). En esta línea, se requiere de una revisión y ponderación real de la estructura de costos de las empresas, y claro está, de una férrea voluntad política para no ser objeto de las presiones y vicios empresariales.

Pero el macrismo fue deliberadamente permeable a los intereses privados y los organismos que debían controlar a las empresas fueron cooptados por ellas. Desde el ex ministerio de Energía hasta los Entes Reguladores, todos cómplices de la instrumentación de una política energética antipopular y errática que terminó desvinculando a la energía de sus funciones verdaderas.

Tarifazo, pobreza energética y estafa
Así fue que entre 2015 y enero de 2019, el peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo vital y móvil saltó del 6,1% al 26% (ver gráfico de la introducción). En este punto cabe recordar que una familia que destina más del 10% de sus ingresos a pagar la energía se califica como "pobre" energética. Acá estamos hablando de que dichos gastos se multiplicaron casi por cuatro.

Así, al tiempo que aumentaban los servicios (tarifazos), la calidad de los mismos se deterioraba atravesada por la desregulación y la desinversión. Y por si fuera poco, las ganancias de las empresas se volvieron cada vez más "exorbitantes", como bien las definió el presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, la estafa no fue el tarifazo en sí sino la política energética de Cambiemos. Es cierto que, cooptada por un puñado de coorporaciones, dicha política representó una fiesta de libre giro de utilidades y dividendos sin el más mínimo control estatal a la vez que una penosa realidad para millones de compatriotas que tuvieron que elegir entre comer o pagar las tarifas.


Imagen: Archivo OETEC. Una de las tantas postales del tarifazo y el empobrecimiento energético macrista.

Pero en la base de tamaña estafa se encontraba el germen cultural de una Argentina en calidad de semicolonia que debía demandar cada vez menos y no más energía. El macrismo nos engañó por eso mismo, desde la campaña de 2015, con el discurso del derroche y los males del consumo energético, vendiéndonos una crisis energética que jamás existió.

Lamentablemente, el buzón fue comprado como verdad, y gran parte de los argentinos y las argentinas se pensaron como accionistas y ejecutivos de las empresas en lugar de usuarios y usuarias de un servicio público esencial para el desarrollo de sus vidas.

¿Para qué? ¿Por qué? Simple y macabro a la vez: para que seamos nosotros mismos quienes terminemos avalando y justificando -incluso solicitando: "pagábamos poco de luz o de gas"- el brutal incremento de las tarifas y las multimillonarias ganancias de las empresas.

Conclusión
A un año de haber empezado a dejar atrás aquél tormento son varias las conclusiones a las que podemos arribar. Nos interesan puntualmente dos. Por un lado, celebrar las medulares decisiones del Gobierno Nacional en materia de esencialidad de los servicios públicos energéticos y en procura de una energía desmercantilizada.

En este sentido, creemos que los próximos resultados de las auditorías encomendadas a los Entes Reguladores en el marco de la Ley de Emergencia propenderán al establecimiento de nuevos cuadros tarifarios con eje en la razonabilidad, la justicia y la asequibilidad de las tarifas.

Y en segundo lugar, no queremos dejar de remarcar la importancia del debate cultural impostergable que todos los argentinos y las argentinas debemos darnos en torno a la cuestión energética.

Porque como sostuvimos en el apartado anterior, si el macrismo ha resultado victorioso en algo fue en introducir aquel germen de la perpetuación semicolonial, o lo que es lo mismo, en socializar una visión neoliberal de la energía absolutamente contraria a los intereses del país y los 45 millones de compatriotas.


Imagen: Archivo OETEC. Los servicios públicos energéticos son servicios esenciales, intimamente vinculados a los derechos humanos. Por ello, su accesibilidad y progresiva universalidad debe estar garanizada por el Estado.

Consideramos, por ello, que la formación definitiva de una política energética genuinamente democrática y popular debe asentarse en una concepción de la energía y los servicios públicos acorde a los objetivos de desarrollo y emancipación nacional.

Queremos que el próximo 2021 nos encuentre elaborando una defición energética autóctona, lejos de los preconceptos y trabas neoliberales, que consolide un aparato productivo e industrial pujante, moderno y competitivo al interior de una Argentina cada vez más soberana, avanzada, justa e inclusiva.