Fuente: OETEC.

¿Quién es Chambouleyron?
Juan José Aranguren designó al economista Andrés Chambouleyron para presidir la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria, cargo que asumió el 10 de diciembre de 2015 y continúa asumiendo. (1)

Entre 2004 y 2015, Andrés Chambouleyron actuó como "testigo experto" de parte de sendas empresas de gas y electricidad en al menos 10 juicios contra la República Argentina ante el CIADI. (2) El año pasado, el Jefe de Gabinete afirmó conocer sus antecedentes, evitando referirse al hecho de haber designado para coordinar la política tarifaria de los servicios públicos entre el Estado nacional y las empresas a una persona que justamente se dedicaba a representarlas en sus demandas contra el país en el citado tribunal. (3) Extraídos del CV del propio Andrés Chambouleyron, los casos en los que intervino, sus clientes y los sectores involucrados:


Fuente: Currículum Vitae del Dr. Chambouleyron publicado originalmente en el portal de Compass Lexecon. Página 3. El CV fue eliminado cuando éste asumió la función pública. OETEC logró recuperarlo.



Fuente: Currículum Vitae del Dr. Chambouleyron publicado originalmente en el portal de Compass Lexecon. Página 4. El CV fue eliminado cuando éste asumió la función pública. OETEC, logró recuperarlo.

De su CV se desprende que el actual Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía y Minería de la Nación ofició de testigo experto para al menos una docena de empresas extranjeras en, como mínimo, 10 juicios contra el pueblo argentino ante el CIADI (más detalles, ver bibliografía). Las compañías son oriundas de Italia, EE.UU., España, Francia y Alemania. Los sectores involucrados van desde agua y saneamiento, servicios financieros y telecomunicaciones hasta la distribución y transporte de gas natural y electricidad.

Algunas preguntas lógicas que podrían surgir después de esta lectura: ¿Cuáles fueron estas compañías (nombre y apellido)? ¿Siguen operando en la Argentina? ¿Participó Chambouleyron de la negociación con todas o alguna de ellas al ejercer su función o "delegó la firma hacia arriba o al costado" (como recomendó la titular de la Oficina Anticorrupción)? Si delegó la firma, ¿a quién lo hizo? ¿Por medio de qué resolución oficial se comprometió el subsecretario a no volver a Compass Lexecon una vez concluida su gestión al frente de la subsecretaría?

¿Un Poder Ejecutivo que utiliza los argumentos de las demandantes (contra la Argentina ante el CIAID)?
En anteriores informes de este Observatorio demostramos cabalmente la falsedad de la caracterización del sistema gasífero heredado como uno en decadencia. Dicha caracterización fue la columna vertebral del documento "Informe de situación de los precios del gas" (en adelante, Documento PIST), elaborado y entregado por el Poder Ejecutivo al ENARGAS de cara a las audiencias públicas del 2016, conforme ordenó la Corte Suprema en su fallo del 18 de agosto del año pasado (ver bibliografía). Cabe recordar que dicho documento fue el más importante desde lo que pretendió y pretende ser la defensa oficial de las resoluciones 28, 31 y 212 (léase, tarifazo del gas).

Pues bien, la refutación técnica de la "pesada herencia gasífera" fue lo correcto para aquel momento, dejando para más adelante una segunda y fundamental cuestión: a la hora de repasar la historia reciente de la política energética (1992 a 2015) y cómo fue que, en opinión de la fuerza gobernante, se desmadró todo, el Poder Ejecutivo recurrió a razonamientos y argumentaciones (así como a frases y conceptos) idénticos a los esgrimidos por las empresas en sus demandas contra la República Argentina ante el CIADI.

En efecto, basta repasar alguna de las presentaciones de las demandantes para corroborar la repetición de conceptos, razonamientos y posiciones entre ellas y el Documento PIST (ídem para los informes presentados por el Poder Ejecutivo al ENRE en relación a los precios y las tarifas del sector eléctrico). Los sintetizamos: 1) La Ley de Emergencia de 2002 derivó en la pesificación y congelamiento de las tarifas (salvo excepciones) entre 2002 y 2015, desajustándolas de la evolución del dólar estadounidense y del índice de precios de terceros países, entre otros mecanismos de actualización; 2) De allí en más, los contratos renegociados con las licenciatarias se hicieron en base a la nueva normativa, violatoria de la vigente desde principios de los noventa; 3) Se obligó a las licenciatarias a continuar con la prestación del servicio bajo el nuevo esquema regulatorio; y 4) Entre 2003 y 2015 se profundizó la intervención del Estado en el sector, con precios y tarifas definidos por el Poder Ejecutivo que además agudizó la problemática a través de la inyección de ingentes subsidios a pesar de haberse realizado ajustes tarifarios provisorios y a cuenta de futuras renegociaciones.

Todo esto provocó, concluyen las demandantes en sus juicios contra la Argentina, graves daños y perjuicios para las empresas y sus accionistas. De allí sus "demandas" ante el CIADI y los multimillonarios resarcimientos exigidos. Por su parte, el Poder Ejecutivo en el Documento PIST -sería muy alevoso hablar de "daños" para las empresas- concluyó que el kirchnerismo, al ahondar el desmadre regulatorio de la Ley de Emergencia Económica, colocó al país al borde del abismo energético ("pesada herencia" energética), situación cuyas consecuencias fueron las descriptas en la introducción de este trabajo y que forman parte de la justificación visible del tarifazo (la punta del iceberg).

Pero lejos de haber diferencias entre las posiciones del Poder Ejecutivo y las empresas demandantes, lo que hay es una sinergia: si las segundas pretenden una compensación a través de montos cuyo pago exigen al Estado nacional y que reclaman en el CIADI, el primero -en manos de empresas privadas del sector, entre otros sectores- pretende cobrar esa misma compensación más otras tantas a través de nuevos cuadros tarifarios, nuevos precios de la energía y nuevos marcos regulatorios. Las beneficiadas, en última instancia y para las dos iniciativas son las mismas: las empresas prestadoras de servicios públicos, las productoras de hidrocarburos, las generadoras, transportistas y distribuidoras del gas y la electricidad. De esto versa la hipótesis aquí presentada.


Para darse una idea acabada del monto puesto en juego en el CIADI, qué mejor que hacerlo con números provistos por la administración nacional de la que Chambouleyron es parte. Habría, aparentemente, 11.000 millones de dólares en juego. La Argentina fue condenada por 1.917 millones (más intereses). ¿Querrán las empresas a través del tarifazo cobrarse lo que falte pagar de los juicios ganados, lo reclamado en juicios perdidos o pendientes de resolución?

Documento PIST bajo la lupa: más pruebas
Debajo, algunas imágenes extraídas del referido documento a modo de prueba de lo afirmado en el apartado anterior (subrayados son nuestros):


Fuente: Documento PIST. Ministerio de Energía y Minería de la Nación.



Fuente: Documento PIST. Ministerio de Energía y Minería de la Nación.



Fuente: Documento PIST. Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Luego de realizar un sucinto repaso de las "injustas" políticas que afectaron los intereses de las concesionarias pero que -no lo aclaran por supuesto- permitieron priorizar el mercado interno entre 2003 a 2015, logrando la mayor incorporación de usuarios a la red de gas natural del que se tenga registro desde 1993, y muy a pesar de haber heredado el engendro exportador noventista (ver bibliografía), el Documento PIST concluye así (subrayados son nuestros):


Fuente: Documento PIST. Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Remarcado en rojo, la adecuación tarifaria inconclusa desde 2002. En amarillo, las consecuencias que "el Mundo" nos hizo pagar por semejante descalabro. Adviértase, entonces, a un Poder Ejecutivo afirmando, sin rechazarlo ni manifestarse en desacuerdo, que la "pesificación" y el "congelamiento" de los precios y las tarifas derivaron en 34 juicios contra la Argentina ante el CIADI, por un monto total reclamado de 11.000 millones de dólares, de los cuales 1.971 fueron confirmados a través de sendas condenas.

Pero, ¿cómo rechazar o manifestarse en desacuerdo con los argumentos de las demandadas si es el mismísimo Poder Ejecutivo el que se base en iguales argumentos para justificar el tarifazo? Ver para creer (subrayados son nuestros):


Fuente: Documento PIST. Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

La "compensación" oculta (el iceberg bajo la línea de flotación)
Ahora, al meollo de la cuestión. El Documento PIST que venimos analizando tiene una extensión de 24 páginas. Se divide en dos partes:

1) Primera parte (páginas 2 a 18) se titula "Evolución de precios y tarifas de gas". Está subdivido en: I.I) La Tarifa en el Marco Regulatorio del Gas; y I.II) La evolución de las tarifas de gas desde el dictado de la Ley 25.561 [Ley de Emergencia Económica de 2002]; I.III) La política de subsidios y sus gravísimas consecuencias en la prestación del servicio público; I.IV) Evolución de las tarifas de gas; y V) Impacto que la evolución descripta ha provocado en la prestación del servicio;

2) Segunda parte (páginas 18 a 24), se titula "Precios del gas. Aspectos a considerar en su determinación", y se subdivide en: II.I) La determinación del precio del gas; y II.II) Otros elementos a considerar para la fijación del precio del gas.

La primera parte realiza una suerte de revisionismo histórico neoliberal, abarcando el período comprendido entre 1992 y los primeros meses de 2016. Allí es donde identificamos la utilización por parte del Poder Ejecutivo de los mismos argumentos esgrimidos por las licenciatarias o ex licenciatarias demandantes contra la República Argentina ante el CIADI.

No obstante, y que viene con la segunda parte, a la hora de describir los aspectos a considerar para la fijación del precio del gas y que explican los nuevos cuadros tarifarios del servicio público de distribución de gas por redes, los daños, perjuicios, trato "injusto", demandas ante el CIADI perdidas o pendientes, etc. descriptos a lo largo de la primera parte no figuran como aspectos a considerar en la determinación de las nuevas tarifas y precio PIST. Claro que haberlo hecho abiertamente hubiera sido un escándalo.

Y este es justamente nuestro punto.

La "compensación" en palabras de Chambouleyron (iceberg completo y al desnudo)
Son muchísimos los documentos de Chambouleyron en los que detalla su pensamiento y cómo servir a las empresas ante eventuales gobiernos "populistas" expropiadores o "injustos" en su trato. El Documento PIST, si bien no de su autoría directa, puede considerarse uno de ellos. De hecho, la prueba de que participó en su elaboración figura en la página 16, cuando la Subsecretaría por él presidida aparece como "fuente" de un gráfico. Debajo, un segundo ejemplo, este sí escrito de puño y letra por el aludido funcionario.

En su presentación en la Asociación Argentina de Economía Política, en noviembre de 2013, titulada "Costos de transacción, governance y riesgo de expropiación en servicios públicos" (ver bibliografía), Chambouleyron expone su pensamiento sin ambages.


Fuente: Portada del informe "Costos de transacción, governance y riesgo de expropiación en servicios públicos", cuyo autor es el actual subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria.

Empecemos por la introducción o abstract (subrayado es nuestro):


Fuente: Portada del informe "Costos de transacción, governance y riesgo de expropiación en servicios públicos", Andrés Chambouleyron, Noviembre de 2013.

Análisis de los subrayados, según colores. 1) El rojo: Chambouleyron plantea el problema y, por tanto, el objetivo de su trabajo. Según el actual subsecretario, la Ley de Emergencia Económica de 2002 y todo lo que vino después se caracterizó por ser un período de violación de las garantías otorgadas durante los noventa a los inversores. A más de una década del inicio de aquella violación (recordar que el trabajo es de 2013), su informe propone un nuevo esquema de "governance"; 2) El amarillo: Desecha potenciales alternativas. No sirve el "governance bilateral" ni el recomendado por Williamson; y 3) El verde: Explica y provee la solución. Para evitar futuras violaciones contractuales, se impone una "estructura que minimice el riesgo de una futura (nueva) expropiación". A esto le llama "governance de mercado", donde "las empresas prestadoras de los servicios" públicos ejerzan sólo "obligaciones comerciales y de mantenimiento", pero sin la "responsabilidad de invertir en la expansión de las redes". De eso se encargaría el Estado directamente o a través de Fondos Fiduciarios (usuarios vía un cargo específico en la tarifa, por ejemplo).

Sigamos, porque se pone todavía más interesante.


Fuente: Portada del informe "Costos de transacción, governance y riesgo de expropiación en servicios públicos", Andrés Chambouleyron, Noviembre de 2013.

Color rojo: Introducción a las garantías provistas por los privatizadores a los "inversores" en materia de futuras amenazas expropiadoras, década del noventa. Color verde: Detalla cuales fueron estas garantías. A saber: i) Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones y facultad de reclamar ante tribunales internacionales; ii) Tarifas dolarizadas, con ajustes automáticos, ordinarios y extraordinarios; iii) Creación de entes reguladores "independientes del poder político" (léase, "en poder de las empresas") y altamente profesionalizados (léase, "ocupados por ex directivos o lobbistas"). Finalmente y en color azul: iv) y v) Traslado del riesgo a la tarifa, sea en su base como a la tarifa final.

Avancemos aún más, porque lo mejor está por venir. Acto seguido, Chambouleyron explica las limitaciones de la integración vertical (taxonomía de Williamson) y del "governance bilateral" (existente en los noventa). En consecuencia, nos introduce en la tercera alternativa o solución a los tiempos que corren:


Fuente: Portada del informe "Costos de transacción, governance y riesgo de expropiación en servicios públicos", Andrés Chambouleyron, Noviembre de 2013.

Color amarillo: Nos invita a imaginarnos en el poder al gobierno ideal para las empresas. Claro que no resulta necesario imaginarse nada, alcanza y sobra con abrir los ojos. Hablamos de Cambiemos, aunque con una particularidad histórica: son las empresas directamente las que ejercen el control de los ministerios, sobre todo el de Energía. A esto creemos se refiere Chambouleyron cuando habla de "governance de mercado" (gobierno de mercado; mercado en el gobierno), porque sólo con el ejercicio directo del poder es que las empresas podrían animarse a todo, logrando las mayores garantías jamás conseguidas no sólo al cubrirse frente a eventuales expropiaciones o tratos injustos a futuro -porque, es sabido, el populismo es un mal imposible de extirpar-, sino también mediante inéditas rentabilidades (color verde en el subrayado). Tales rentabilidades deberán ser realmente extraordinarias (color rojo), superiores a las de cualquier país latinoamericano así como a las obtenidas en los noventa.

Y ahora sí, el mecanismo para alcanzar las astronómicas rentabilidades, a riesgo "cero":

1) "Governance adecuado" que reduzca el riesgo de expropiación y maximice el beneficio potencial del negocio mediante la reducción (o eliminación) de la obligatoriedad de invertir por parte de la concesionaria:


Fuente: Portada del informe "Costos de transacción, governance y riesgo de expropiación en servicios públicos", Andrés Chambouleyron, Noviembre de 2013.

2) Las inversiones requeridas por el servicio público (obras de infraestructura, por ejemplo) se canalizarán a través de fideicomisos (NetCo) y serán recuperadas a través de cargos específicos en la factura (cobrada a los usuarios) y/o subsidios. En otras palabras, los usuarios pagarán las obras de mantenimiento o ampliación de las redes.


Fuente: Portada del informe "Costos de transacción, governance y riesgo de expropiación en servicios públicos", Andrés Chambouleyron, Noviembre de 2013.

3) En paralelo, deberán consolidarse estructuras de control independientes del poder central. Ello permitirá contrarrestar la creciente ola de protestas sociales de cara los tarifazos por venir, mediante la desvinculación del pueblo con las instituciones (entes reguladores) a través de funcionarios "no políticos" (léase, empresarios). Los empresarios son puestos por el poder, no por el voto popular. En consecuencia, no dependen del sufragio, es decir, de cómo estos traten al interés público.


Fuente: Portada del informe "Costos de transacción, governance y riesgo de expropiación en servicios públicos", Andrés Chambouleyron, Noviembre de 2013.

4) Como muestra de estos funcionarios "independientes del poder central", esto es, de la "política", cabe citar a Carlos Bastos, ex secretario de Energía de Carlos Menem. En el trabajo analizado de Chambouleyron aparece en la bibliografía:


Fuente: Portada del informe "Costos de transacción, governance y riesgo de expropiación en servicios públicos", Andrés Chambouleyron, Noviembre de 2013.

Carlos Bastos fue cinco veces testigo de parte de empresas de la energía en sus demandas contra el Estado argentino ante el CIADI. Se trata de uno de los directores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

En suma, el nuevo "governance de mercado" elimina el riesgo expropiatorio futuro ya que minimiza los incrementos tarifarios como fuente de financiamiento de las inversiones requeridas por el servicio público en cuestión. Bajo este esquema, es el usuario y el Estado los encargados de aportar los recursos para la realización de las obras.

Ahora bien, como este escrito fue presentado por Chambouleyron en 2013 y el referido "governance de mercado" aún no se encontraba en el poder, debemos interpretar lo siguiente, a la luz de la nueva administración: resulta evidente que Mauricio Macri no ordenará ninguna expropiación hasta 2019 (salvo necesite salvar a algún amigo o empresario "del alma"). Por lo tanto, la eliminación del riesgo expropiatorio se concentrará en maximizar toda la rentabilidad posible de cara a expropiaciones más allá del mandato Cambiemos, rentabilidad catapultada por inversiones que serán costeadas por el Estado (subsidios) y los usuarios (fideicomisos vía cargos específicos).

Es decir, llegado el hipotético momento en que se decida una expropiación (cambio de gobierno nacional), la pérdida para las concesionarias no solamente será igual a "cero", sino que además las relaciones contractuales pactadas con el Estado -en manos de empresarios- les asegurarán un rutilante triunfo ante el CIADI, donde presentarán sus demandas producto de esas mismas expropiaciones. En otras palabras, un doble triunfo.

Conclusiones
Nos explica Chambouleyron en su informe de 2013 que "La teoría de los costos de transacción (Williamson, 1975, 1976, 1979, 1985) identifica el tipo de governance óptimo para realizar una determinada transacción comercial. Aplicada a servicios públicos esta teoría estipularía que el nivel socialmente óptimo de inversión en activos de alta especificidad (i.e. redes de servicios públicos) podrá ser alcanzado por empresas privadas (a diferencia del gobierno) siempre y cuando el gobierno logre convencer al inversor privado de que no actuará de manera oportunista expropiando su inversión una vez instalada. Esto se logra normalmente a través del otorgamiento de garantías al inversor privado en forma de contratos…".

De esto se trataron, como vimos a lo largo de este trabajo, las garantías otorgadas entre 1991 y 2001 a los inversores que se hicieron cargo de las empresas privatizadas. Sin embargo, las expropiaciones y modificaciones contractuales que sobrevinieron, especialmente a partir de la reinstalación del "populismo" en la Casa Rosada, se llevaron puestas aquellas garantías.

Fue así como, recuperado el poder en diciembre de 2015, se puso en marcha un "governance" superador de los anteriores. Es el "governance de mercado", y que ratifica que el neoliberalismo ha vuelto mejorado.

Si el riesgo expropiatorio se redujo a cero porque las empresas son dueñas del Poder Ejecutivo, ¿a qué apuntan entonces, buenos oficios del señor Chambouleyron mediante, los nuevos marcos regulatorios, los ajustes de precios de la energía y de las tarifas de servicios públicos? Creemos que a lo siguiente:

1) Compensación de cara a futuras expropiaciones / renacionalizaciones de servicios públicos y de recursos naturales.

2) Compensación por demandas perdidas, irresueltas o ganadas pero aún impagas ante el CIADI.

3) Compensación por pérdidas consecuencia de la pesificación y el congelamiento (o retraso) tarifario entre 2002 y 2015.

4) Compensación por obligaciones de inversión durante 2003 a 2015, inhibiendo el normal giro de utilidades a casas matrices así como el regular pago de dividendos a sus accionistas.

5) Compensación por "caída de la demanda". Escribió Chambouleyron en nota de junio de 2007 en el diario La Nación, anticipándose al tarifazo y al "governance de mercado" que desde hace más de un año viene poniendo en práctica:


Fuente: Diario La Nación (24 de junio de 2007) con la opinión de Chambouleyron.

Si las empresas concesionarias se decidieran a fondear algo de las inversiones requeridas, la reducción deliberada y progresiva de la demanda ayudará a que dichas inversiones sean las menores posibles, maximizando todavía más las rentabilidades vía excedentes exportables o menores necesidades de mantenimiento y expansión de obras.

En conclusión, el Observatorio OETEC propone, por la evidencia empírica expuesta en este informe, se investigue la veracidad de la hipótesis planteada: ¿Incluyen los nuevos cuadros tarifarios, precios PIST y precios de la energía (sectores gas, petróleo, combustibles y energía eléctrica) a las referidas compensaciones?

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(1) La primera aparición pública del subsecretario coincidió con la conferencia de prensa del 29 de enero de 2016 con motivo de anunciarse formalmente el tarifazo eléctrico. Más tarde, aparecería acompañando a Aranguren en su interpelación en Diputados; poco tiempo después, presidiendo las audiencias públicas; y, por último, en la conferencia de prensa del tarifazo, en febrero de 2017.

(2) Entre 1998 y hasta 2011, trabajó para la consultora estadounidense LECG, célebre representante de los más altos intereses corporativos y una de las número uno en servicios de solución de controversias en arbitrajes internacionales. En efecto, cabe señalar que LECG fue una de las firmas que mayor participación tuvo en la defensa de sendas compañías en sus juicios contra el Estado nacional ante el CIADI, en esa ola de demandas que para fines de 2012 había alcanzado su máximo histórico rozando los 65.000 millones de dólares en juicios. (1) De LECG pasó a Compass Lexecon, ejerciendo iguales funciones y desempeñándose hasta su designación por parte de Aranguren.

(3) Dicha labor fue confirmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, durante la exposición que brindara en el Parlamento Nacional con motivo del primer informe de gestión de la administración Macri. Consultado por el bloque del Frente para la Victoria si "¿Sabía Ud. que Andrés Chambouleyron, el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía fue testigo de parte de empresas energéticas (gas y electricidad) en 10 juicios contra el Estado y el pueblo argentino ante el CIADI?" Y si "¿Le preguntó Ud. a Chambouleyron si sigue vinculado a Compass Lexecon, la firma que asesoró a las empresas en sus referidas demandas?", el ministro respondió: "Tengo conocimiento de los antecedentes profesionales del Ing. Chambouleyron, por medio del Ministro de Energía y Minería que propició su designación", y "Obviamente, se desvinculó de Compass Lexecon para incorporarse a la función pública".