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| Artículos de opinión

Aumentos tarifarios: ¿Qué deberíamos preguntar los argentinos?

Autor | Eduardo Difonso


Conflictos de Interes
El autor no manifiesta conflictos de interés


Palabras Claves
Aranguren, concesionarias, conflictos de interés, derecho humano, Ministerio de Energía, PIST, precio del gas, recursos naturales, servicios públicos, Shell, tarifa, tarifazo, YPF



26-03-2017 | ¿Por qué el gobierno afirma que con todos los aumentos tarifarios de energía (gas y electricidad) recién estamos llegando al 45% del valor real de estos servicios? ¿Contra qué o contra quién se realiza la comparación para afirmar tal cosa? Recordemos que los costos declarados oficialmente en el mercado de Nueva York por YPF fueron de U$S1,90 el millón de BTU para el gas en boca de pozo y el gobierno de Macri lo elevo, por Decreto, a U$S3,20 el MBTU. Y todavía no sabemos cuánto aumentara a partir el 1ro de abril próximo luego de la Audiencia Pública del 10 de marzo pasado. Lo que si conocemos es lo que anuncio el ministro Aranguren sobre la pretensión del gobierno de llevar el valor del millón de BTU a U$S6,90 para el fin del mandato del presidente Macri en el año 2019. ¿Por qué comparar el costo de producción o extracción de gas con el de otro país? ¿Por qué comparar el valor de la tarifa de gas con el de otro país? ¿Por qué el valor de gas en boca de pozo se cotiza en dólares? ¿Por qué la tarifa de gas está atada a la indexación o actualización por dólar? Estas comparaciones se hacen para justificar los aumentos aplicados desde el Ministerio de Energía y Minería, por el ministro ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, utilizando valores mentirosos de imposible comparación en la Argentina.


El mismo ministro aseguro en la interpelación de la Cámara de Diputados que no podía dar el valor de extracción del gas en boca de pozo porque variaba según la zona de explotación en que estuviera ubicado el yacimiento, con mayor razón y con el mismo criterio, no se puede comparar, entonces, cuando los yacimientos están en distintos países.

Asimismo, los costos están atados al dólar para asegurar una actualización automática frente a los aumentos de insumos, para percibir el canon en la moneda autorizada a girar sus ganancias a las cuentas de sus casas matrices ubicadas en EE.UU. y para reclamar ante tribunales extranjeros CIADI (Centro Arbitral de Resolución de Conflictos) sus reclamos contractuales. Recordemos que las concesiones de servicios públicos en la Argentina delegaron su jurisdicción por reclamos a EE.UU. para garantizar seguridad jurídica a las empresas concesionarias. En este sentido, ¿por qué se subsidia con miles de millones de dólares a las empresas concesionarias de petróleo y gas, y en general a las energéticas? El recurso natural, no renovable, es argentino y de los argentinos.

¿Por qué no disfrutamos de ese servicio aprovechando el beneficio que significa que sea nuestro, que mejora nuestra calidad de vida y es considerado un derecho humano? ¿Por qué no se usa estratégicamente para promover el desarrollo de la economía nacional, fomentando las industrias, Pymes, comercios, producción agrícola, agroindustrias, con tarifas diferenciales? ¿Por qué y hasta cuando seremos rehenes de las empresas concesionarias de lo nuestro? En este punto debemos decir que no encontramos motivos que justifiquen otorgar subsidios para que exploten nuestros recursos naturales si están cobrando por ello y para prestar el servicio concesionado.

¿Por qué el gobierno es tan débil en los controles y exigencias en la prestación de esos servicios? (tan rara y dudosamente permisivo) ¿Por qué el gobierno soporta extorsiones de cortes de servicios por parte de las concesionarias sin accionar legalmente según lo establecen los contratos? ¿Por qué el gobierno actúa asegurándole la rentabilidad por decreto a esas mismas concesionarias? ¿Por qué permite una discusión sobre el precio o valor de mercado de bienes estratégico como los recursos naturales no renovables que no deben mercantilizarse sino usarse con fines de desarrollo económico nacional y para beneficio de la calidad de vida de los argentinos?

Las preguntas solo admiten una respuesta, según nuestro punto de vista: porque hay conflicto de intereses manifiesto entre los funcionarios de gobierno, sobre todo en los organismos de control, entes reguladores y en el Ministerio de Energía y Minería. Esto lleva a que no se apliquen las normas legales que regulan las concesiones y tampoco los contratos específicos de cada concesión.

La mayoría de sus funcionarios provienen de las empresas que deben controlar, empezando por el ministro Aranguren, que no cumple ni con el decreto dictado por el presidente Macri para que no actúe en temas relacionados con la empresa Shell y/o alguna de sus subsidiarias, para lo cual se lo designó al ministro de Industria, Francisco Cabrera, para que lo reemplace en esas situaciones. Pero Aranguren sigue firmando resoluciones y disposiciones totalmente incompatibles con dicha norma.

¿Por qué el gobierno no ha exigido a las prestadoras de dichos servicios que presenten sus costos de Producción, Transporte y Distribución en las respectivas Audiencias Públicas como lo exige la ley? ¿Por qué no se exige la ampliación y extensión de instalaciones para Transporte y Distribución de energía y gas que permita brindar servicios a los millones de argentinos que hoy no los reciben? ¿Por qué el gobierno ha permitido la pérdida de mercado y la caída de producción de la estatal YPF beneficiando a las petroleras encabezadas por Shell?

El gobierno no exige la publicación de sus costos de explotación, Transporte y Distribución, con el argumento del secreto empresario. Argumento falaz, por cierto, ya que se trata de un servicio monopólico, a partir de recursos naturales no renovables y estatales y de nula competitividad por superposición de contraprestaciones ya que cada una de ellas tiene su área de prestación o jurisdicción propia donde no puede actuar otra concesionaria, y por tanto, no es argumento para no blanquear los costos.

Con los años que tienen de concesión y a las renovaciones que aspiran, más los miles de millones recibidos en subsidios durante los últimos años, deberían haber construido no menos de mil (1000km) kilómetros por año de gasoductos para Transporte y otro tanto de cañerías para la Distribución domiciliaria para incorporar mas argentinos al servicio mediante redes.

¿Por qué el gobierno no usa la empresa estatal YPF para regular los precios de los servicios en la Argentina fomentando la libre competencia, en lugar de aumentar ficticiamente los costos de YPF por Decreto lo que favorece a las privadas y elimina la libre competencia? ¿Por qué no usa esa herramienta para obligar a las Concesionarias a reducir costos y asumir un valor competitivo en el PIST (Precio de Inyección al Sistema de Transporte) comparado con el costo de YPF?

Debería usar la ley 24.076 que establece la posibilidad de fijar precios en base a libre competencia entre las concesionarias y regularlos por medio de los precios del gas y el petróleo que explota y produce YPF. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 40% de las prestaciones de los servicios de combustibles, líquidos y gaseosos, los provee YPF.

Los recursos naturales son argentinos y su valor lo debería fijar el Estado para usos estratégicos de desarrollo de la industria, el comercio, la economía nacional y en favor del bienestar en la calidad de vida de sus habitantes, sin compararlo con los valores de otros países.