El retorno a una Argentina rentística y pastoril
Se le dio el nombre de "Proceso de Reorganización Nacional". Una vez presentado su plan económico, contó con el inmediato respaldo del Departamento de Estado, el FMI y las principales instituciones empresariales del país. Comenzó la masacre socioeconómica que habría de sostener a la dictadura genocida. Entre las primeras medidas adoptadas se derogaron veinticinco artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. El mercado interno y su industria doméstica inició su larga pero progresiva decadencia, recién revertida casi tres décadas después de la mano de Néstor Kirchner. Desregulación de la inversión extranjera (igualdad de derechos al capital transnacional en relación al nacional), reducción de aranceles de importación (caída superior a 40 puntos promedio en la protección), eliminación de controles de precios, supresión de actividades gremiales, reformas a la Ley de Contrato de Trabajo y a las convenciones colectivas. El FMI nos atestaba de "créditos", mientras reclamaba aumentos indiscriminados de tarifas públicas, impuestos y congelamiento de salarios. El consumo se desplomaba, la economía real se esfumaba en el aire con el avance de los Chicago Boys y la anarquía financiera. El subsidio financiero neto recibido por el sector industrial se desplomó del 11,7% (como porcentaje del PBI) al -9,1% en 1980. Inversamente, entre 1975 y 1980 el sector financiero había crecido un 40%. Las exportaciones se habían triplicado en igual período a expensas del mercado interno y el consumo local. La reprimarización fue absoluta. Una Argentina rentística y pastoril, administrada por Martínez de Hoz y equipo, todos técnicos vinculados a FIEL, ahogada por la creciente descapitalización y un círculo vicioso de endeudamiento externo producto de los progresivos desequilibrios comerciales y de cuenta corriente. Un país que había disminuido su población en 30.000 de un saque, pero no en las cantidades requeridas para equilibrar cuentas en función de un "granero del mundo" con millones de habitantes (sobrantes) siempre dará pérdidas, siempre estará inhabilitado de salir adelante con sus propios recursos. Los acuerdos suscriptos entre el FMI y la dictadura implicaban medidas de ajuste que contuvieran la inflación, incentivaran las exportaciones (con exclusivo fin de generar un balance de pagos superavitario) y limitaran el déficit fiscal por medio de un reajuste de las tarifas públicas. Un "granero del mundo" no necesita industrias ni mercado interno. Mientras tanto, los subsidios del Estado a los deudores privados alcanzaban en 1983 el 61,1% de la deuda externa privada, consolidando la socialización del endeudamiento externo privado (ver de Eduardo Basualdo "Deuda Externa y Poder Económico en la Argentina"). El subsidio a la especulación financiera y a la desindustrialización eran política de Estado. Lorenzo Sigaut fue nombrado ministro de Economía de Viola, primer responsable de la licuación de la deuda privada a expensas de la pública. La mayor iniciativa de desfalco popular de la historia sería luego remachada por Domingo Cavallo al frente del BCRA y concluida por Raúl Alfonsín de la mano de su ministro de Economía Juan Vital Sourrouille y el presidente del BCRA José Luis Machinea.

Los ajustes de los 80
Entre 1976 y 1983, la deuda externa saltó de 9.700 a 41.042 millones de dólares. Las primeras manifestaciones del radicalismo en el poder parecían querer aprovechar la oportunidad histórica del masivo rechazo popular a las políticas genocidas de la dictadura. No existió momento más oportuno para declarar de deuda "odiosa" a la deuda externa argentina que en aquellos tiempos. A comienzos de 1984, el ministerio de Economía tenía la orden de incluir en las gestiones con el FMI y los bancos acreedores la cuestión de la ilegitimidad de la deuda. La carta de intención enviada al Fondo en junio de 1984 afirmaba que la deuda: "fue contraída a través de la aplicación de una política económica autoritaria y arbitraria, en la cual los acreedores tuvieron una activa participación sin beneficio alguno para el pueblo argentina, el gran ausente en todo este proceso...". Pero la naturaleza popular y antiimperalista del radicalismo -única barrera y arma capaz de enfrentar y doblegar la presión imperialista (y la doméstica en la oligarquía local)- había desaparecido con don Hipólito. Bernardo Grinspun y sus loables intenciones fueron derrotados. El 28 de diciembre de 1984 se aprobó el convenio stand by con el FMI. Sería el "salvataje" inaugural de una larga lista de "salvatajes" distribuida a lo largo de las primeras dos décadas del retorno constitucional. Como siempre, el desembolso dependería del cumplimiento de condicionalidades, entre ellas, control y reducción del gasto público por un lado, y legitimación de la deuda a través de la reprogramación de vencimientos y eliminación de atrasos en los pagos a los acreedores externos por el otro. La estatización de la deuda privada iniciada por Cavallo en 1982 arrancaba su fase final. En febrero de 1985, Washington y el Club de París consiguen una nueva victoria: Grinspun es reemplazado por Sourrouille. Todo listo para ir a fondo con el Fondo. Doce meses le duró la compasión al gobierno constitucional para con un pueblo arrasado física, social y económicamente. Se decidió salvar a las corporaciones financieras y a los mismos grupos económicos enriquecidos con Martínez de Hoz. El enfrentamiento de Alfonsín con la SRA y Clarín terminó en retórica pura. ¿Cómo hacerlo de espaldas al movimiento obrero y a las clases populares? El Presidente se comprometió a reducir el gasto público del 16,5% en 1983 a 5,4% en 1985. Se congelaron las vacantes de empleo estatal, las transferencias del tesoro a las empresas estatales y a las provincias. La caída del salario real, la contracción monetaria y el ajuste del gasto público fueron los grandes denominadores de la política económica, exacerbada además por devaluaciones, aumento de tarifas públicas y elevadas tasas de interés (ver de Noemí Brenta "Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el FMI 1956-2006"). La inflación se situaba en 20% mensual. La salvación: un nuevo acuerdo con el FMI.

Nació entonces el Plan Austral. Un grupo de gentiles y desinteresados acreedores nos prestarían los fondos necesarios para cancelar nuestros atrasos y reanudar los desembolsos pactados con el Fondo. En 1987 se firmó un nuevo stand by con el FMI, más regresivo que el anterior. Se daba el puntapié inicial para avanzar en grandes reformas estructurales. El acuerdo se terminó de aprobar a mediados del mismo año. El déficit del sector público pactado con el Fondo no podía superar el 3,9%. Al cierre del primer semestre, este parámetro arrojaba un 6,5%. Sourrouille en Economía y Machinea en el BCRA prometieron paliar la mala nota con una reducción masiva de transferencias a las empresas públicas (se habían aumentado fuertemente las tarifas en mayo), mayores congelamientos de salarios y redoblar el ajuste general (se propondrían retiros voluntarios al personal del Estado). En fin, amnistía fiscal, descapitalización pública y regresión del ingreso y del bienestar social con el objetivo de recibir nuevos préstamos. En octubre de 1987, un mes después de la derrota radical en las legislativas con la consecuente pérdida de la mayoría parlamentaria, el gobierno desoyó el reclamo popular y profundizó las medidas de ajuste con el lanzamiento del "Australito". El memorando de entendimiento con el FMI de aquel mes era el primero desde 1956 en el que la Argentina se comprometía a "abrir actividades al sector privado previamente reservadas al sector público".