Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estados Financieros Consolidados Condensados citados y Resultados del trimestre y del período de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018, Central Puerto S.A. Tipo de cambio promedio de 2018, enero a septiembre, 31,96; tipo de cambio promedio de 2017, enero a septiembre, 16,26.

Federico Bernal, director del OETEC, comenzó explicando que "Central Puerto, la energética insignia de Nicolás Caputo, es la segunda empresa en este sector a nivel nacional luego de Pampa Energía. Controla centrales de generación térmica, hidráulica y renovables eólica. Además, es la propietaria de dos distribuidoras de gas (Gas del Centro y Gas Cuyana) y de una transportista de gas (TGM). Pues bien, analizar lo acontecido con este pulpo energético es fiel parámetro de la estafa del tarifazo".

En este sentido, el informe del OETEC encontró que, medida en dólares, la ganancia de CPSA fue de 527 millones entre enero y septiembre, una mejora del 312% (cuadruplicó) respecto de los 128 millones de 2017. Cabe aclarar que el cálculo en la moneda estadounidense se hizo tomando los tipos de cambio promedio informados por la empresa para cada período.

"Al dividir esos 527 millones de dólares por los nueve meses, se obtienen unos 58,55 millones de dólares por mes. Es decir, casi 60 millones todos los meses de ganancia entre enero y septiembre de 2018. O lo que es igual, cerca de 2 millones de dólares por día", agregó Bernal.

En sus informes sobre las exorbitantes e ilegítimas ganancias registradas por las energéticas, el OETEC siempre aprovecha la oportunidad para exigirle a la Corte Suprema cumpla con su fallo de agosto de 2016. En este sentido, Bernal afirmó que "la política tarifaria del régimen neoliberal viola lo dispuesto en el Párrafo 33 del referido fallo. En efecto y, por un lado, tenemos la siguiente afirmación: "… el régimen implementado en la ley 24.076 tuvo por objetivos, entre otros, … asegurar que las tarifas que se apliquen a esos servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la determinación de la tarifa se aseguraría el mínimo costo para los consumidores, compatible con la seguridad del abastecimiento (artículo 38, inciso d~. en la ley (artículo 2°, inciso d)". Y por el otro: "Que, como síntesis de lo expuesto a este respecto, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables".

"¿La Corte desconoce la situación por la que atraviesa el pueblo argentino? ¿Desconoce que los servicios públicos de gas y electricidad sufrieron incrementos del 3.000 al 4.500% desde diciembre de 2015 a la fecha? ¿Desconoce el aumento del peso de los mismos en los salarios? ¿Desconoce el proceso hiperinflacionario? ¿Desconoce, asimismo, el crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia en el país?", se preguntó retóricamente el director del OETEC.

Y concluyó: "Su inacción frente a la cumplimentación de su fallo conduce a pensar que la Corte los quiere desconocer, pues no puede entenderse como 2 millones de dólares de ganancias para la energética de Nicolás Caputo, ganados todos los días entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2018, pueden ser consideradas tarifas justas y razonables".