Fuente: Denuncia penal presentada por el Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, contra los ex funcionarios macristas Aranguren y Roitman (entre otros) por incumplimiento de sus deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con sus cargos.

El "objeto" de la denuncia
En su carácter de Interventor del ENARGAS, Federico Bernal denuncia penalmente ante la Justicia a los ex funcionarios macristas Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía y Minería de la Nación; Mauricio Ezequiel Roitman, ex Presidente del Directorio del ENARGAS; Daniel Alberto Perrone, ex Vicepresidente del Directorio del ENARGAS; Diego Guichon, ex Director de ENARGAS; Marcos Pourteau, ex Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería; Carlos Casares, ex Director de ENARGAS; Griselda Lambertini, ex Directora de ENARGAS; y Marcela Paula Valdez, ex Gerenta de Legales de ENARGAS.

Dicha denuncia parte de un análisis efectuado por el citado Ente acerca de las denominadas "Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes", surgiendo del mismo que los arriba acusados habrían incumplido con sus deberes de funcionario público y entrado en negociaciones incompatibles con sus funciones.

Específicamente, la acusación reza: "Los comportamientos aquí denunciados comportan una preliminar significación penal de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal)".

Ante ello, la Intervención del ENARGAS solicita al Juez que convoque a los imputados a prestar declaración indagatoria, su oportuno procesamiento y la elevación de la causa a juicio. Asimismo, establece que el perjuicio económico de las acciones delictivas denunciadas "asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes".

La "legitimación" de la denuncia
Por otra parte, Bernal aclara que su acusación responde a la "obligación" que tiene como funcionario público de "denunciar los delitos que conozca en el ejercicio de su función" (Art. 177 del Código Penal) al tiempo que se ampara en las facultades que le otorgó el Decreto 278/2020 de Intervención del citado organismo.

A propósito de ello, alude también a la importancia estratégica que tuvo la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva dictada en el marco de la Emergencia Pública, en cuyo Artículo 1° terminó declarando que dicha emergencia abarcaba los aspectos económico, financiero, fiscal, administrativo, previsional, tarifario, energético, sanitario y social de la realidad nacional.


Fuente: Congreso de la Nación Argentina. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Artículos dedicados a la cuestión energética y tarifaria.

En este sentido, el Interventor del ENARGAS advierte que haber declarado la emergencia pública en materia energética y tarifaria "sugiere indudablemente la existencia de una gravedad institucional inusitada en la materia, y en lo que a tarifa refiere, conforme la calidad de servicio público que tiene su aprovisionamiento, se dijo que la misma (tarifa) ha dejado de ser justa, razonable y accesible en los términos de lo establecido por la ley 24.076".

Lo anterior termina originando -justifica Bernal- la sanción del Decreto 278/2020, posibilitando la Intervención del ENARGAS pero también la "realización de una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica sobre lo actuado en materia regulatoria, en tanto de ello se ha derivado la presente emergencia pública en materia tarifaria y energética declarada".

Pues bien, habiendo aclarado el objeto y la legitimación de su denuncia, el ENARGAS -por medio de su Interventor- resume los motivos de su imputación explicando que ésta nace de la "conducta criminal" de los acusados en una serie de hechos relacionados.

La "conducta criminal" denunciada
Para empezar, la imputación presentada contra los ex funcionarios energéticos de Cambiemos sostiene que el "marco regulatorio del gas está gobernado por la ley 24.076, que en lo sustancial prevé un sistema de comercialización libre del precio del gas", esto es, basado en el juego de la oferta y la demanda.

Sin embargo, en 2002, cuando se sanciona la ley 25.561 de emergencia económica se establece que "los precios de comercialización serán fijados por el Estado Nacional, por lo que el presupuesto fundamental de la ley 24.076 queda suspendido durante la emergencia". Durante este lapso, la fijación de precios de comercialización y de tarifas pagadas por los usuarios pasó a ser "una labor ejercida por el Estado Nacional, más allá de la participación de los distintos actores que integran la comercialización del recurso", apunta el ENARGAS en el texto de su acusación.

Pero el periodo de "emergencia" iniciado en 2002 culminaba en diciembre del año 2017, momento en el que el sistema de comercialización del gas debería haber vuelto a reglarse por los dispositivos de la ley 24.076, retornando a su regulación el libre juego de la oferta y la demanda, esto es, quitándole al Estado su excepcional facultad de fijar precios.


Fuente: ex Ministerio de Energía. Firma de los acuerdos BASES Y CONDICIONES entre distribuidoras y productoras, fines de noviembre de 2017. En la imagen, la foto del momento en el que se suscribieron los contratos entre empresas y la aprobación por parte de las mismas de precios del gas dolarizados.

De allí que el entonces Ministerio de Energía de la Nación se apurara a "pactar" con las empresas algo que las beneficiaría enormemente. "En una deliberada concertación a espaldas de las previsiones de la ley 24.076, el Ministerio de Energía, conducido en aquel entonces por Juan José Aranguren, convocó en el mes de noviembre de 2017 (sabiendo ya la de la inminente caducidad de la ley 25.561) a plena luz a todos los productores y distribuidores del gas para establecer unas "bases y condiciones" en la comercialización del gas en PITS (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte)", señala en su denuncia Bernal.


Fuente: Texto de la denuncia presentada por el Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, contra los ex funcionarios macristas del entonces Ministerio de Energía y del ENARGAS.

Con ello -prosigue- se fijaron "precios uniformes para cada una las cuencas (algo absolutamente extramuros de la libre competencia y contrario a los diferentes costos de extracción y por empresa en cada una de ellas), por un plazo de dos (2) años, y con fijación de los contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, inédito en la comercialización del recurso".

En castizo simple: el Estado interviniendo en la fijación de los precios de comercialización del gas (estando próxima a caducar sus facultades para poder hacerlo), estableciendo un valor uniforme para todas las cuencas (sabiendo de los distintos costos de extracción), y garantizándole a las empresas una ganancia en dólares por dos años en pleno contexto inflacionario y devaluatorio de la moneda nacional. Todo ello con el aval cómplice de las entonces autoridades del ENARGAS que, en lugar de rechas lo establecido en las "Bases…", autorizaron el traspaso de estos precios dolarizados a las tarifas del servicio público de gas (bolsillo de la ciudadanía).

La anuencia del ENARGAS macrista
Esto último es precisamente lo que explica a continuación Bernal en su denuncia. Pero haciendo una importante salvedad: "Era tan evidente la maniobra ilegal que se estaba concertando a espaldas de la ley 24.076, que frente a las presiones del Ministro Aranguren y su Secretario de Recursos Hidrocarburíferos para que el ENARGAS diera su visto bueno -por Resolución- (…) varios directores del Ente previnieron que no podrían hacerlo sin quedar sujetos a cuestionamientos administrativos y penales", apunta en su acusación.

Y agrega: "Por lo que se optó por una medida de menor intensidad que fue una nota de aceptación de las políticas energéticas llevadas a cabo por el Ministerio con los protagonistas del mercado de comercialización del gas". En efecto, el ENARGAS de Roitman avalando por nota (ya que resultaba muy riesgoso y comprometido hacerlo mediante Resolución) el acuerdo espurio que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación había hecho con las empresas.


Fuente: TN (5 de octubre de 2018). Entre abril y septiembre, el gas se fijó a 20,345 pesos por dólar, según determinó entonces el ENARGAS para los valores previamente definidos en los acuerdos entre productoras y distribuidoras de noviembre de 2017. No obstante, a partir de abril, se precipitó el esperable desastre macroeconómico, el cual sumado a un tipo de cambio flexible (implementado desde la asunción de Macri) derivó en la conocida mega-devaluación. El resultado: una monumental deuda contraída por las distribuidoras con las productoras asumida por los usuarios a partir de enero de 2019 en las facturas del gas. El canal de Magnetto, lógicamente, pasaba por alto este pequeño detalle.

Pero eso no fue todo lo que el ENARGAS macrista hizo contra su misión estatutaria, es decir, en contra de la defensa de los intereses de las y los usuarios del servicio público de gas y el control de los abusos de posición dominante de las energéticas. Al momento de la devaluación de octubre de 2018, fue el propio Ente el que autorizó que la variación del valor de cambio sobre las tarifas dolarizadas sea absorbida por la ciudadanía a partir de las famosas "24 cuotas" (Resolución 20/2018), las que luego, a raíz del repudio social y las denuncias suscitadas, terminaron siendo asumidas por parte del Estado Nacional (1).

En definitiva, como bien señala la actual Intervención del citado Ente en su denuncia: "La maniobra delictiva la terminamos pagando todos los argentinos".

Conclusión
Así se cometía la estafa energética y tarifaria más grande de la historia nacional. Juan José Aranguren -que no sabía en aquel momento que sería desplazado más tarde por la conducción del FMI- y la dirección del ENARGAS, le garantizarían a las compañías energéticas por un lapso de dos años -esto es, hasta que una nueva elección presidencial ponga en riesgo la permanencia en el poder del macrismo- "exorbitantes ganancias" (en términos de Alberto Fernández) a costa de la seguridad jurídica y energética del Pueblo argentino.


Fuente: Diario La Nación, LN+ (5 de febrero de 2019). En esa frase de Aranguren, está la raíz de todo el asunto: "la energía no es un derecho humano". Para este Sr., y para todo el equipo energético del macrismo, la energía siempre se trató de un negocio.

Enhorabuena que los responsables de este repudiable accionar tengan finalmente que prestar declaración ante la Justicia y sentarse en el banquillo de los acusados. Luego de tanta burla hacia la inteligencia del Pueblo argentino y tanto abuso por parte de quienes supuestamente deberían habernos defendido, la denuncia del actual Interventor del ENARGAS viene a recordarnos que no todo da lo mismo, que la impunidad del poder real tiene un límite, y que cuando el Estado asume los intereses populares y no los corporativos, se nota.