La mirada por los usuarios y las usuarias del servicio, fue expuesta por Francisco Verbic, en su rol de defensor, quien destacó “la importancia de la decisión del Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, de sostener la figura del defensor de usuarios y usuarias del servicio de gas por redes para fortalecer la voz de la ciudadanía en la Audiencia”

Asimismo, explicó que “En cumplimiento de esta función vale recordar que en marzo de 2021 se realizó la primera audiencia pública de esta gestión para definir las tarifas transitorias del servicio conforme lo expuesto por el Decreto N° 1020 del 2020. El efecto de la participación ciudadana en ese espacio impactó no solo sobre la decisión tarifaria, sino también sobre una serie de medidas, acciones y decisiones institucionales que han tenido y tienen una implicancia decisiva para revertir las consecuencias del desarreglo ocurrido en el período 2016-2019”

Verbic, dijo además que “durante ese período las tarifas residenciales sufrieron incrementos que en promedio superaron el 1.000%, mientras que para las pequeñas y medianas empresas, ese promedio fue de más del 3.100%.

Se trató de un incremento injusto e irrazonable que provocó serios problemas sobre la capacidad de pago de usuarias y usuarios, así como también sobre la accesibilidad al servicio. Especialmente en los sectores más vulnerables de nuestra población”

“Esto provocó graves consecuencias sociales y económicas que debieron ser atendidas por esta gestión de gobierno a través de diversas medidas muy concretas en este campo. Entre ellas se destacan el dictado de la ley de emergencia que incluyó la materia energética y tarifaria, el mantenimiento de los cuadros tarifarios, la intervención de los entes reguladores por, entre otras razones, no haber cumplido con su rol fundamental de proteger a las usuarias y usuarios del servicio, y el desarrollo de la implementación de políticas públicas que consideran a los servicios públicos de transporte y de distribución de gas natural por redes como lo que es: un derecho humano en sí mismo, y una garantía esencial para poder acceder a otros derechos fundamentales. No una simple mercancía"... indicó el defensor de los usuarios.




Así es que insistió en que “el establecimiento de tarifas justas y razonables genera mayor inclusión social y configura una variable muy importante para el desarrollo productivo. Asimismo, permite mantener el sistema en condiciones de seguridad y confiabilidad, asegurar la continuidad del abastecimiento, hacer frente a los gastos de operación y mantenimiento asociados y preservar la cadena de pagos de la industria. El principio de razonabilidad exige que la revisión y aumento de la tarifa considere no solo costos y rentabilidad de las empresas sino también, especialmente, la capacidad de pago de usuarias y usuarios. Este fue el criterio rector que orientó la discusión en la anterior Audiencia Pública de marzo del 2021. Una discusión que encontró correlato en la decisión del ENARGAS de aprobar las nuevas tarifas transitorias con un aumento que promedió el 6% para usuarios y usuarias residenciales y del 4% para PyMEs. Controlar la razonabilidad de las tarifas, además, es un deber convencional y constitucional del Estado. No se trata de desplegar una política demagógica, como se ha sostenido desde ciertos sectores, sino de incorporar el enfoque de derechos a las políticas públicas en materia energética para cumplir con ese deber” detalló Verbic.

EL DERECHO AL SERVICIO PÚBLICO

Durante su alocución, el Defensor, dijo “Esto, desde ya, exige una mirada más humanista que considere a las personas como titulares de derechos humanos que se encuentran en juego al momento de definir políticas públicas tarifarias. Especialmente en lo que hace a la información y participación en el proceso decisorio, el derecho a una vivienda digna (que incluye el acceso a los servicios públicos esenciales como el gas), y el derecho a desarrollar su proyecto de vida de manera autónoma”

Por tanto, comentó: “Desde otra perspectiva, como consecuencia de esta política pública, también fue posible advertir que el porcentaje de cobrabilidad acumulado que se registra a partir del 20 de marzo 2020 hasta el 30 de diciembre de 2021 para los Usuarios Residenciales y Comerciales e Industriales Pequeños osciló entre el 90% y el 98% para las distintas distribuidoras, lo cual representa una mejora significativa y consistente respecto a los primeros meses de Pandemia donde llegó a ser del 83% para algunas de ellas.

También es necesario destacar el camino recorrido para obtener tales resultados. Especialmente en cuanto hace a la aplicación estricta por parte del ENARGAS de los estándares procedimentales y sustantivos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2016, al resolver la causa “CEPIS”, cuando anuló el primer aumento de la gestión anterior” sostuvo Francisco Verbic.

Romper con la inercia del abuso mediante tarifas excesivas, fue un aspecto que Verbic dejó constado en su exposición, cuando dijo: (…) “la política tarifaria desarrollada por esta gestión comienza a permitir salir del “círculo vicioso” que se produce cuando la tarifa es establecida sin considerar la capacidad de pago de las usuarias y usuarios del servicio. Un círculo vicioso caracterizado por elevados índices de incobrabilidad, exclusión de usuarios y usuarias, afectación al financiamiento y afectación de la calidad y continuidad del servicio” acotó el defensor.

Conclusión

Si se tiene en cuenta la Audiencia Pública del 2021 y los contextos económicos que nos aquejan en la pandemia, se puede evidenciar que la política pública en la que el eje es la protección del derecho al acceso a la energía, da resultados reconfortantes, pues supone un equilibrio entre las partes que componen el sector.

Proteger la vulnerabilidad de las personas usuarias con políticas y marcos normativos pertinentes es un modo de asegurar que los hogares del país tengan una vida digna, aquella que del 2015 y 2019 le fuera arrebatada en medio de maniobras perjudiciales y maliciosas por un sector partidario cuyo único fin es el enriquecimiento voluminoso a costa del hambre del Pueblo.

Contar con una ley para ampliar zonas frías, como tener acceso a participar de la Audiencia Pública, genera otra valoración para la ciudadanía que vio caer sus derechos durante el neoliberalismo macrista.