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| Artículos de opinión

Inseguridad energética en América Latina y Caribe

Autor | Cristina Alejandra Paredes Navarro


Palabras Claves
Energias, CEPAL, informe, eléctricidad, saneamiento, América Latina, Caribe, Pobreza, guerra, Ucrania, Rusia, inversiones, Pandemia



28-09-2022 | Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 75 millones no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar, lo que exacerbó la pobreza y vulnerabilidad durante y después de la pandemia.


Esta situación se puede ver agravada por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto de la guerra en Ucrania. Esta inseguridad energética impacta física, social y económicamente a millones de personas en toda la región (CEPAL, 2022).

Las dimensiones económica y social tienen directa relación con la carencia de acceso a los servicios energéticos o bien debido a problemas de asequibilidad; es decir, aquellas familias que no tienen acceso porque no existe infraestructura para ello, o porque no pueden pagar por este servicio ya que tienen otras prioridades, tales como alimentación, salud y otras.





Los datos indican que las poblaciones indígenas y afrodescendientes se encuentran también entre las más vulnerables. En la región la proporción de la población indígena y afrodescendiente sin acceso a la electricidad, en promedio, duplica y, en algunos casos, triplica a la proporción respectiva de la población no indígena ni afrodescendiente.
En América Latina y el Caribe, en promedio, el 15% de la población que reside en viviendas precarias no tiene acceso a electricidad (Gráfico 2).

Sin embargo, en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua esa participación es mayor: entre el 30 y 40% de aquellos que viven en condiciones precarias no tienen acceso.
Todas estas personas viven en asentamientos informales en condiciones que no respetan sus derechos a una vivienda digna. La dimensión física al acceso a electricidad incluye no solamente la mala calidad de la vivienda, sino que también la estructura del entorno del hogar y los electrodomésticos ineficientes y en mal estado.



Como consecuencia de la aplicación de las medidas de confinamiento en América Latina y el Caribe se experimentó una importante pérdida de empleo, lo que limitó sus medios para poder pagar las cuentas del consumo eléctrico. Esta situación se puede exacerbar especialmente en países de la región con altas tarifas eléctricas y aumentos tarifarios durante la pandemia, así como por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto bélico actual. Del mismo modo, es necesario considerar la dependencia energética del suministro de agua, que se ve igualmente afectado por el aumento de los precios de los combustibles. En la región, los costos energéticos de los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento pueden ascender, en promedio, a un 40% de todos los gastos que enfrentan en su operación (Ferro y Lentini, 2015). Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos factores para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de energía residencial y de agua de los ciudadanos de la región, especialmente si sus ingresos se han visto afectados negativamente a consecuencia del impacto del COVID-19.

El estudio elaborado por la CEPAL, consigna, además que invertir anualmente 2,6% del PIB regional durante los próximos 10 años permite universalizar el acceso a los servicios básicos de agua potable, saneamiento y electricidad, sin dejar a nadie atrás. Adicionalmente, reduce los contagios por la COVID-19 (y otras enfermedades), a la vez que impulsa la reactivación postpandemia y de la crisis geopolítica que ha empujado inflación y estancamiento en la región, generando hasta 4,1 millones de empleos verdes directos al año. Adicionalmente, reduce la contaminación e incentiva la transición hacia un mayor uso de energías renovables (Cuadro 1).

En los sectores de agua potable y electricidad, que son servicios esenciales para las sociedades, es fundamental fortalecer a la institucionalidad y entes planificadores y reguladores que puedan asegurar el acceso universal a estos servicios con calidad para todos los ciudadanos y en todo momento. Esto cobra particular importancia en situaciones de emergencia, como lo fue el caso de la pandemia, o en procesos complejos de geopolítica global como la guerra en Ucrania, considerando además la ocurrencia y el impacto de desastres como como terremotos, inundaciones u otros fenómenos extremos que afectan con más fuerza a los sectores más vulnerables y a los asentamientos precarios. Es importante evitar la improvisación y urge la implementación de mecanismos de prevención y gestión de riesgo, así como de gestión de emergencias, incluyendo estrategias e instrumentos de gestión de riesgos, educación e información ciudadana, aumento de la resiliencia y capacidad de adaptación, por ejemplo, a través de fondos de reservas, adquisición de seguros o bien una mayor capacidad para proteger a la ciudadanía frente a estas crisis.

Se requiere pues desarrollar intervenciones de política que aseguren el acceso, la asequibilidad y la calidad de los servicios de agua potable y electricidad en el corto y largo plazo. Tales políticas deben poner especial énfasis en las poblaciones vulnerables, minimizar la desigualdad social y utilizar fuentes de energía renovable y tecnologías menos contaminantes.

En este sentido, el contexto de la recuperación post pandemia y en medio de la crisis de precios de hidrocarburos y alimentos, es una oportunidad para revisar los planes de operación e inversión en estos dos sectores de servicios básicos, puesto que representan importantes oportunidades para la reactivación económica de la región.

Es esencial que como propuesta de recuperación post-pandemia, los países de la región dirijan sus paquetes de estímulo económico para dar prioridad a las inversiones que permitan cerrar las brechas en cobertura de los sectores de agua potable, saneamiento y electricidad, así como mejorar la eficiencia energética en ambos sectores y hacer los servicios más limpios y sostenibles. Este tipo de inversión representa una gran oportunidad para mejorar las condiciones sociales de segmentos vulnerables, generar empleos verdes y promover el uso de tecnologías más sostenibles, lo que en definitiva aporta a la reactivación de la economía regional.

Como medida de apoyo se espera que agencias de cooperación y la banca internacional y regional prioricen y focalicen sus esfuerzos en este tipo de inversión, la cual tiene retornos socioeconómicos y ambientales altos y además contribuye a la reactivación post pandemia. Las estimaciones para cerrar las brechas de cobertura en los servicios básicos son:

- En el sector eléctrico, incluyendo la utilización de tecnología renovable (i.e. solar y eólica) en línea con las metas del ODS 7, se debe invertir un 1,3% anual del PIB regional durante 10 años (CEPAL, 2021).

- Para lograr la universalización (y mejora de acceso, calidad y eficiencia) de los servicios de agua potable y saneamiento en el mediano y largo plazo, incluido el tratamiento de las aguas servidas o residuales (metas del ODS 6), se debe invertir un 1,3% anual del PIB regional durante 10 años (CEPAL, 2021).
Estas inversiones traen como consecuencia grandes beneficios puesto que contribuyen a generar empleos verdes, mejorar la salud, reducir la pobreza y reducir la contaminación del medio ambiente.
En el caso del sector eléctrico las inversiones en el cierre de la brecha de cobertura tienen los siguientes beneficios y oportunidades:

- A la luz de los impactos generados por la COVID-19 y de la guerra en Ucrania, la región debería dirigir sus paquetes de estímulo económico hacia el desarrollo de infraestructuras energéticas sostenibles, renovables y limpias en toda la cadena de valor. Estas acciones no son solo una oportunidad para generar nuevos miles de empleos, sino también una condición fundamental para una recuperación económica más verde y sostenible.

*La sola inversión para cerrar la brecha de acceso a la electricidad en la región podría llegar a generar hasta 700 mil3 nuevos empleos calificados y no-calificados en América Latina y el Caribe para los próximos 10 años.
* Asimismo, si la industria renovable estuviera localizada en América Latina y el Caribe a lo largo de sus cadenas de valor, el solo hecho de fabricar los paneles solares y turbinas eólicas necesarias para el logro de este escenario, representaría casi 1 millón4 más de empleos para la región entre 2020 y 2030.

- A fin de poder asegurar los servicios energéticos durante periodos de crisis -ya sea por pandemias, guerras, desastres como sequías, tormentas, terremotos o tsunamis- es imperioso que los formuladores de políticas públicas reconozcan los beneficios de la complementariedad5 e integración energética a nivel regional; otorgando una mejor fiabilidad del suministro y ayuda a la estabilidad de los precios de la electricidad, extendiendo estos beneficios a aquellos países de la región con menor proporción de hidroenergía en sus matrices energéticas.

- En términos de los beneficios ambientales, el cierre de la brecha de la cobertura eléctrica utilizando energías renovables, implicaría una reducción de casi 100 millones de toneladas de emisiones de CO2, respecto a cerrar la brecha con tecnologías tradicionales como gas natural y diesel.



Bibliografia
https://www.cepal.org/es/enfoques/servicios-basicos-agua-potable-electricidad-como-sectores-clave-la-recuperacion

CEPAL (2022). Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? Junio 2022. https://www.cepal.org/es/publicaciones/47912-repercusiones-america-latina-caribe-la-guerra-ucrania-como-enfrentar-esta-nueva.

CEPAL (2021). La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. https://www.cepal.org/es/publicaciones/47043-la-paradoja-la-recuperacion-america-latina-caribe-crecimiento-persistentes.
CEPAL y OPS (2020) Salud y economía: una c