Oscar Parrilli quiere saber qué pasó con la titularidad de las empresas dedicadas a la generación de electricidad que habrían sido compradas por el grupo económico conducido por Nicolás Caputo

El legislador neuquino consideró "alarmantes y graves" a las noticias acerca de la venta de las principales generadoras eléctricas de nuestro país.

En su pedido, sostiene que, de confirmarse estas transferencias, "se generaría una flagrante violación tanto a la Ley de Defensa de la Competencia como a los principios legales del Régimen de Regulación de la Electricidad, ya que se producirá una fuerte concentración con potencial de efecto negativo sobre el sistema y que, de verificarse, redundara? en un seguro perjuicio para los usuarios de servicios eléctricos".

Para el ex secretario general de la Presidencia durante los 12 años kirchneristas, la situación "se agrava más aún por los hechos que rodean la transacción".
En tal sentido, menciona que "la presunta compradora y nueva controladora" seria "una sociedad unipersonal controlada por Central Puerto S.A. y, por lo tanto, indirectamente por los accionistas de control de esta última, entre los que se mencionan recurrentemente a los señores Nicolás Caputo, la familia Miguens-Bemberg, el grupo Escasany y Guillermo Reca".

Además, denuncia la posibilidad de que "la transacción se de? por consumada y concluida, sin mención alguna a la actuación que le pudiera haber cabido a organismos de control de actuación obligatoria, como lo son esa Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, como así? también el ENRE, de consulta obligatoria en este tipo de transacciones".

La consulta de Parrilli se extiende también y justamente al ENRE, así? como a la Secretaria de Energía de la Nación. El legislador, de extrema confianza de Cristina Kirchner, incluye en su pedido un recordatorio de los artículos más importantes de la Ley de Defensa de la Competencia 25.156, que se refieren a los aspectos que rodean a estas presuntas operaciones económicas y que aluden a la posibilidad de estar ante un evidente caso de concentración económica.

ParrillI sostiene que ni la comisión de Defensa de la Competencia ni el ENRE "podrían ser ajenos a una transacción de esta envergadura y naturaleza, que por la concentración que produce en ese mercado, a todas luces impacta negativamente sobre la competitividad del segmento generación, convirtiéndolo en prácticamente monopólico o, al menos, con un grado de concentración pernicioso para el normal funcionamiento del mercado".

Por ello, esta? convencido de que "con determinación y celeridad", esos organismos deben "requerir la totalidad de la información relativa a esta transacción, de la que poco se sabe más allá? del escueto comunicado a la CNV ya referido, y a partir de contar con la misma ejercer las funciones que le competen por la Ley 25.156 basándose, entre otras consideraciones, en el criterio del ENRE respecto al impacto sobre la competitividad del segmento "generación" de la actividad eléctrica y sus potenciales efectos aguas abajo sobre los segmentos que le siguen, el transporte y la distribución".

Exige, finalmente que la CNDC "debe advertir a las empresas involucradas que deben abstenerse de avanzar con la transacción hasta que la misma sea analizada y, en su caso aprobada o no por la CNDC en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia 25.156, basada, entre otros elementos, en esa opinión técnica del ENRE".