Según puede estimarse por datos oficiales de exportaciones en base a los embarques, procesamiento de la industria aceitera y habilitación de las ROES de exportación, todavía restaría por comercializar entre un 42% y un 52%, lo que representa entre u$s 7.000 y u$s 11.000 millones, de la cosecha 2013/14.



Las consecuencias del acopio no solamente afectan al mercado cambiario, sino también el resultado fiscal. Porque al evitar comercializar la cosecha y con ello liquidar las divisas de magnitud entre u$s 7.000 a u$s 11.000 millones se habrían podido cancelar las obligaciones (capital más intereses) de 2014 y 2015 que serían de u$s 7.091 y u$s 12.430 millones, respectivamente. Lo que evidencia que la voluntad individualista de un sector económico está poniendo en peligro la voluntad general.

El último informe (oct14) de estimaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura muestro que la producción de soja para la campaña 2013/14 ha sido récord, con un crecimiento del 9,5% con respecto a la campaña anterior. En términos de toneladas es una campaña muy superior a las últimas dos, alcanzando los 53 millones, cuando en la campaña 2011/12 fue de 40 millones. La industrialización creció de 33 a 43 millones de toneladas. La exportación paso de 6 a 10 millones de toneladas.

En relación a ello y según datos del Fondo Federal Solidario (fondo donde se coparticipan las retenciones a la soja) para septiembre de 2014 la recaudación fue un 1,4% menor que el mismo periodo de 2013. Lo que significo que el acumulado para los primero 9 meses de 2014 fue de u$s1524 millones mientras que para el mismo periodo de 2013 fue de u$s 1.546 millones (Gráfico 1).



No obstante y durante el 2013, el promedio del tipo de cambio fue de 5,43 pesos por dólar mientras que para los primeros 9 meses de 2014, promedio, el tipo de cambio alcanzo 7,99 pesos por dólar. Con una moneda 45% depreciada en comparación al año anterior la decisión fue acopiar en momentos de caída de precios internacionales. En este sentido, la pérdida por no vender en el momento adecuado rondaría los u$s 2.000 millones y no solo afectaría a los productores sino también al Estado (principalmente las provincias) en concepto de derechos de exportación. Solo si comparamos septiembre de 2014 contra 2013 nos da que cayó la liquidación de divisas en u$s 589 millones (Gráfico 2).



Por ello, resulta interesante preguntarse por las herramientas que tiene el Estado para poder coordinar las presiones cruzadas que se reciben desde el sector e intervenir, a favor del equilibrio macroeconómico por un lado, y en beneficio de los pequeños productores que no tienen espalda financiera para realizar estas maniobras, por el otro. La respuesta podría venir del lado de la política pública pensando la posibilidad de implementar nuevos mecanismos estatales (o recrear algunos existentes) de intervención directa en el comercio exterior de granos, como tienen casi todos los países del mundo. Una alternativa podría ser una empresa estatal de comercio de granos, dependiente del poder ejecutivo o como un área dentro de otra empresa de capitales públicos, que tenga como objetivo proteger el ingreso de los productores y resguardar la soberanía alimentaria nacional.

* Trabajo realizado conjuntamente con Nicolás Hernán Zeolla, economista FCE-UBA. Investigador CCC-Economía Política.